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Lunes, 14 de noviembre de 2005


Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Laborales

Los empresarios advierten que la ley antitabaco generará inseguridad jurídica y conflictividad laboral

La CEOE no cree que se tenga que dejar en manos de los empresarios la responsabilidad ante los infractores de la ley, por lo que demanda un reglamento urgente

 

Empresarios y sindicatos se sentaron en la misma mesa para debatir las implicaciones laborales de la ley antitabaco, ahora en fase de enmiendas en el Senado pero que entrará en vigor el 1 de enero. Todos ellos habían apostado desde el comienzo de su tramitación por prohibir fumar en los centros de trabajo, pero permitiendo salas específicas para fumadores. No lo han conseguido y ahora el debate es cómo aplicar la restrictiva legislación.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tiene un punto de partida: «La ley plantea a los empresarios inseguridad jurídica» porque deja en sus manos la responsabilidad ante los infractores y porque los fumadores pasivos pueden denunciar la actitud permisiva de la empresa. Y los sindicatos otro: «Habrá conflictividad laboral», tanto entre trabajadores como en sus relaciones con la dirección, por lo que UGT y CC.OO. demandarán a las empresas pausas y tiempos para que sus empleados fumadores puedan encenderse sus cigarrillos, en la puerta o en espacios al aire libre, y planes de deshabituación.

Lo decían ante más de 300 responsables de recursos humanos de las empresas españolas más importantes, que atendían la convocatoria en Madrid de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Pilar Iglesias, responsable del departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, veía en la ley un problema, ya que «supone un cambio radical, al no existir una conciencia social de rechazo al fumador». Y ponía condiciones, de entrada, al papel que tienen que jugar las empresas. Entre ellas, no reconocer el tabaquismo pasivo como un riesgo laboral y que «esta ley no puede dar pie a que se comiencen a plantear en los centros de trabajo negociaciones con los fumadores».

Pero los sindicatos ya las están demandando. Gema Román, responsable del departamento confederal de Servicios Sociales de UGT, reclamaba a las empresas negociaciones para «explicitar pausas y tiempos para fumar», pero también para fijar un régimen de control que no permita abusos o infracciones de aquellos que se empeñen en fumar donde no pueden. Román puso sobre la mesa una premisa, quizá para impedir que en España se apliquen medidas como descontar días de vacaciones a los fumadores por el tiempo que pierden por fumar fuera de sus puestos: «Se debe desterrar el concepto de pérdida de tiempo por cigarrillo, debemos asumir el consumo como una parte más de las políticas laborales».

UGT instaba a la modificación de las normativas o de las redacciones de los convenios colectivos. CC.OO. también insistía en la misma idea, poniendo entre iguales el tabaquismo y las toxicomanías. María Torvisco, adjunta del departamento de Drogodependencias de CC.OO. aseguró que «el proceso de la dependencia [del tabaco] tiene que ser quebrado mediante políticas preventivas para que se evite el conflicto», por lo que reclamó que se «consensuen y negocien en cada empresa un plan de salud integrado».

No se puede despedir por fumar

La ley plantea «inseguridad jurídica» para los empresarios, indicaba Pilar Iglesias, «por el hecho de que los no fumadores pueden hacer responsable al empresario de la acción de otro trabajador». Además, la responsable de la CEOE mostraba su preocupación «porque quienes son competentes [Gobierno] no indiquen quiénes son responsables de la prohibición de fumar y se haga a los empresarios responsables cuando el legislador no ha proporcionado herramientas. No tenemos poder coercitivo en una materia que no es laboral». Por ello, instaba al Ejecutivo y a las comunidades a que presenten inmediatamente un reglamento sobre los supuestos en que sí existe responsabilidad del empresario y donde no, así como de las infracciones a imponer.

La ley regula como infracción leve el hecho de fumar en el puesto de trabajo (30 euros) y, en igual medida, hace responsable al empresario que lo permita. Las empresas deberían aplicar, según CC.OO., el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores (desobediencia), por «incumplir una norma interna divulgada», pero «sería una falta leve, el acto de fumar no puede equipararse a despido». La opinión de María Torvisco fue respaldada por el abogado y catedrático Salvador del Rey, del bufete Cuatrecasas, para quien «la aplicación de la sanción dependerá de cada convenio colectivo», aunque discrepó sobre que el tabaquismo pasivo no sea un riesgo laboral, «que lo es, y seguro».

Fuente: ABC
09.11.05

* Experto: Las empresas ante la prohibición del tabaco, por Salvador del Rey (25.10.05

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