Noticias Profesionales

Seguridad de la Información y Protección de Datos

Seguridad Pública y Protección Civil

Enviar a un amigo | Imprimir

Los 25.000 DNI del comisario

El máximo responsable de la Unidad de Documentación de la Policía ha sido destituido bajo la acusación de facilitar los datos del DNI de 25.000 personas a una importante empresa privada

 

¿Tráfico de datos personales en la policía? Primero fue sólo una sospecha, pero ya es un turbio asunto que se está investigando en uno de los edificios de la Dirección General de la Policía. Uno de esos lugares desconocidos para el público, donde se almacenan importantes (y privados) datos de todos los ciudadanos. Como tales, supuestamente protegidos. En teoría.

Sucede que la semana pasada la Brigada de Asuntos Internos realizaba una operación en la Unidad de Documentación (DNI): es decir, ese desconocido edificio. Como resultado, casi una decena de agentes han sido sometidos a interrogatorios y, de momento, se ha destituido a su máximo responsable, un comisario, según han confirmado a M2 fuentes policiales.

¿Por qué? Los miembros de Asuntos Internos recibieron hace meses una denuncia anónima sobre un presunto mal uso de los datos personales de más de 25.000 titulares de DNI. El denunciante dijo que esos datos se estaban facilitando a una gran empresa, posiblemente para su uso comercial. Nada más goloso para una corporación que tener acceso a los datos de miles de personas.

Cada detalle necesario para hacer llegar todo tipo de estrategias comerciales. Y nadie mejor para conseguir esa información que quien precisamente tiene el cometido de protegerla.

Eso es, al menos, lo que indican los resultados de las pesquisas de Asuntos Internos. De hecho, los indicios ya han tenido consecuencias para el jefe de la unidad. Y puede que sólo sea el principio.

Después de varios meses tras la pista, hace algunos días que se realizó la operación en la Unidad de Documentación. Los agentes de Asuntos Internos irrumpieron en las oficinas de Canillas. Durante el registro intervinieron más de 500 hojas con los datos de los titulares de DNI. En ese listado se encontraban las señas privadas de 25.000 personas.

Asuntos Internos tomó declaración a casi una decena de agentes de la unidad, según ha podido saber este periódico. La primera medida que se ha tomado es la mencionada destitución del máximo responsable de la Unidad de Documentación del DNI: el comisario Santiago S. A.

La unidad en la que trabajaba está situada en el complejo policial de Canillas, en el distrito de Hortaleza. Es la central en la que están todos los datos del DNI; un edificio entre los muchos que hay dentro del complejo. Las oficinas de calle, a las que pueden ir los ciudadanos a sacarse el DNI o el pasaporte, dependen de ella.

El departamento del que era responsable Santiago S. A. depende directamente de la Comisaría General de Extranjería y Documentación.

Al conocer el resultado del trabajo de Asuntos Internos, el comisario general de Extranjería decidió apartarlo del servicio como medida cautelar, según confirmaron fuentes policiales.

Durante la operación, los agentes de la brigada registraron el despacho del comisario. De allí se llevaron numerosos documentos que están siendo analizados estos días. Algunos miembros de su equipo han sido interrogados para saber adónde han ido a parar los datos de esas 25.000 personas.

Hasta la fecha, aunque se ha tomado declaración a muchos policías del departamento, no se han producido detenciones.

Al parecer, el comisario destituido tenía muy fácil acceso a la información que anhelaba la empresa, puesto que era el encargado de desarrollar el proyecto del DNI digital.

Para «mejorar el proyecto», mantuvo contactos con grandes empresas y compañías importantes. Las reuniones se convocaban para saber cómo gestionaban las compañías los datos digitales de sus clientes, y así incorporar sus ideas al plan del nuevo DNI.

Muchas de esas compañías utilizan tarjetas electrónicas para la identificación de sus clientes o trabajadores y, supuestamente, el comisario Santiago S. A. se interesó por las medidas de seguridad que aplican para evitar su falsificación.

Sin embargo, Asuntos Internos cree que estos encuentros no sólo perseguían la obtención de consejos o ideas para la tramitación del nuevo Documento Nacional de Identidad. Los agentes de la brigada sospechan que en el proceso se produjo un uso ilícito de la base de datos confidenciales, y acusan al comisario de presuntos delitos de malversación, cohecho y prevaricación.

Por su parte, el comisario está «tranquilo y convencido de que no ha cometido ningún delito porque él sólo pidió asesoramiento para mejorar el difícil proyecto que se le había encargado», según explicaron a este periódico fuentes cercanas al ya ex responsable de la Unidad de Documentación.

A medida que avance la investigación de lo sucedido, se podrán aclarar las distintas incógnitas que plantea este caso. Entre ellas, queda aún averiguar si el comisario fue el único responsable del presunto delito de facilitar datos a la empresa.

Además, el resultado final de la investigación tiene que dar a conocer si en el intercambio de información medió algún pago en metálico o en especie para él o alguno de los otros policías que están bajo sospecha.

Otra de las interrogantes que surge al plantear este caso es el de las víctimas. ¿Quiénes eran? ¿Saben que sus datos quizá han ido a parar al listado de una empresa privada sin su consentimiento?

El traspaso de las filiaciones del DNI a una empresa privada vulnera la Ley de Protección de Datos. En esta ley se contempla que los datos personales sólo pueden ser transferidos a terceros con el consentimiento previo del interesado.

En el supuesto de los cuerpos y fuerzas de seguridad, como es este caso, los datos sólo pueden tratarse para realizar una investigación y están sujetos a la misma protección legislativa.

Sólo pueden ser utilizados sin consentimiento de los afectados «para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales».

Para proceder a una cesión de datos la ley obliga, además, a informar de ello a los afectados, «indicando la finalidad del fichero, la naturaleza de los datos que han sido cedidos y el nombre y dirección del cesionario».

La Ley de Protección de Datos considera una infracción muy grave «la comunicación o cesión de los datos de carácter personal fuera de los casos en los que esté permitido».

En este caso, además, los funcionarios que trabajan en la Unidad de Documentación están obligados a mantener el secreto profesional sobre los datos que custodian. La investigación de este asunto todavía continúa abierta.

El año que viene, documento digital

El comisario al que han destituido por un presunto delito de cesión de datos a una empresa privada era el máximo responsable de la Unidad de Documentación (DNI) de la Policía. Como tal, una de las labores que tenía encomendada era poner en marcha el nuevo DNI digital. En febrero de 2004, el Gobierno de Aznar aprobó el proyecto, y en julio de este año, el de Zapatero resolvió el último escollo que faltaba para comenzar: la adjudicación del concurso público para desarrollar el nuevo documento. A este concurso se presentaron tres UTE (Uniones Temporales de Empresas). Tras un largo proceso, la Administración decidió que la UTE liderada por la empresa española Indra tenía la mejor oferta. Junto a Indra estaban asociadas Telefónica y la empresa Software AG. Por motivos de seguridad, la responsabilidad de la elaboración de las tarjetas en las que se realizará el nuevo documento estará en manos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. De esta forma, será la Administración la que se haga cargo de poner en marcha dispositivos que garanticen que las propias tarjetas que soportarán el DNI electrónico no puedan ser falsificadas. Durante el otoño del año pasado ya se anunció que el nuevo DNI estaría en la calle a principios de 2005. En 2001 se comenzó a hablar de crear un nuevo documento digital que mejore las prestaciones del actual. Estos nuevos documentos estarán elaborados en policarbonato, un material que garantiza que el documento no sufrirá ningún desgaste durante más de 10 años. En la tarjeta se grabarán los datos con láser y se utilizarán tintas visibles con rayos ultravioleta. Éstos son, al menos, dos de los dispositivos ya puestos en marcha. Actualmente, hay algo más de 30 millones de ciudadanos españoles con carné de identidad. El plazo estimado para que se implante el DNI digital en todo el país es de 10 años, ya que ésa es la vida media de un carné. Una de las mayores ventajas del documento será el chip en el que estarán incorporados todos los datos del titular. Ese chip permitirá, entre otras cosas, poder votar sin tener que acudir a las urnas, utilizando Internet. Pero también permitirá realizar la declaración de la Renta sin tener que acudir a ninguna instancia oficial para que expidan certificados oficiales con los que tratar por Internet con Hacienda. Al menos, ésas son las premisas. Otra ventaja de este nuevo documento es que será imposible de falsificar, ya que el chip incluirá, además de los datos de cada ciudadano, un certificado electrónico de autenticación, así como la huella y las fotos digitales. Si este proyecto no sufre nuevos retrasos, es posible que a lo largo de 2006 ya haya un buen número de ciudadanos con nuevo DNI en la cartera.

Fuente: El Mundo
07.11.05

Noticias relacionadas:

* Suplemento temático: LOPD

© BELT.ES  Copyright. Belt Ibérica, S.A. Madrid - 2004. belt@belt.es