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Videocámaras frente a la amenaza

Desde los atentados que sacudieron Nueva York, Madrid y Londres, todos los países se han lanzado a incrementar la seguridad. De ahí que prolifere la instalación de ‘ojos mecánicos’.

 

La videovigilancia está de moda. Y a ello ha contribuido en buena medida la amenaza terrorista, que ha acentuado el deseo de los países de aumentar su seguridad, incluso aunque esto pueda suponer una amenaza a las libertades individuales. Los atentados de Londres también tienen bastante que ver con la proliferación de los ojos mecánicos –privados y públicos, en Europa y España–, ya que permitieron identificar a los autores de los ataques. De ahí que el Gobierno francés haya decidido reforzar la legislación y el dispositivo antiterrorista con un proyecto de ley que da prioridad a la videovigilancia, una iniciativa muy protestada por las asociaciones de magistrados, que consideran que el plan del polémico ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, atenta contra las libertades.

En España, también está aumentando el número de videocámaras, algo a lo que los ciudadanos parecen estar ya acostumbrados, a juzgar por la poca alarma social que genera su instalación. Y no sólo eso, sino que son un instrumento reclamado con frecuencia por los comerciantes, como medida para tratar de reducir el número de delitos. Una de las últimas iniciativas en este sentido la protagonizó el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien anunció su intención de que la Plaza Mayor de la capital esté vigilada con cámaras, iniciativa a la que dio recientemente el visto bueno la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la
Comunidad de Madrid.

Comisiones
La creación de estas comisiones a escala autonómica –cuyo presidente es el del Tribunal Superior de Justicia de la autonomía–, que deciden si pueden instalarse o no videocámaras, es una de las medidas que contempla la ley que regula la videovigilancia en España, una norma de 1997, que sólo reglamenta su utilización en el ámbito público, es decir, para su uso por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La ley emplazaba al Gobierno a extender al sector privado –lugares de ocio, centros comerciales...– los principios establecidos para el ámbito privado en el plazo de un año, pero aún no se ha hecho.

Este hecho causa preocupación en el Defensor del Pueblo, quien sí ha expresado su deseo, en más de una ocasión, de que se regule la videovigilancia en el ámbito privado. “La disposición adicional de 1997 que emplazaba a regular la materia en el plazo de un año es un precepto de enorme interés, pues establece la extensión a las empresas y demás entidades de los principios del derecho público en esta cuestión, con las necesarias adaptaciones”, subraya la adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano.

Sin embargo, para Javier Carbayo, abogado del Departamento de Nuevas Tecnologías de Écija Abogados, “no existe vacío legal” en el ámbito privado, ya que se aplican otras normas: las que protegen el derecho a la intimidad y a la propia imagen, y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, “no hay normativa específica, pero sí aplicable”. Carbayo vaticina que “en un plazo relativamente corto se redactará una normativa” para regular estos supuestos.

Más preocupada su muestra María Asunción de la Iglesia, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra, quien considera que “hay falta de seguridad jurídica” en la instalación de videocámaras en el ámbito privado”. A su juicio, el problema lo puede plantear la utilización de los datos, por lo que considera que “hay que poner el acento en la necesidad de establecer garantías en la utilización de los datos obtenidos” y velar por el uso correcto y proporcionado de las videocámaras. La proporcionalidad tiene gran importancia en este tema. Es ella la que inclina la balanza hacia la instalación de las cámaras o no. A mayor riesgo –amenaza terrorista o violencia callejera, por ejemplo– mayor posibilidad de que el criterio de proporcionalidad se incline hacia la opción de utilizar las videocámara, aunque esto suponga una disminución de los derechos de los ciudadanos. En cualquier caso, muchos ni siquiera son conscientes de que están siendo grabados hasta ocho veces al día en una gran ciudad como Madrid. Y, por supuesto, tampoco saben qué ocurre con las imágenes. Hay que destruirlas en 30 días. ¿Pero quién vigila que esto es así? Una gran incógnita.

Fuente: Expansión
14.11.05

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