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Martes, 22 de noviembre de 2005 |
Noticias
Seguridad Pública y Protección CivilSeguridad de la Información y Protección de Datos
Ceuta aprueba la instalación de decenas de cámaras de vigilancia en las calles
Este sistema ya se ha implantado en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona Una encuesta de la una empresa de seguridad privada revela que el 70 por ciento de la población lo aceptaría «con agrado»
Ceuta y Melilla tienen previsto colocar decenas de cámaras de seguridad en sus calles. El Grupo Socialista considera que este sistema puede «violar la intimidad de los ciudadanos» y exige informes jurídicos que lo avalen.
Los gobiernos de Ceuta y Melilla, presididos por Juan Vivas (PP) y Juan José Imbroda (UPM-PP), respectivamente, tienen previsto poner en marcha sendos sistemas de videovigilancia con decenas de cámaras de seguridad en sus calles. Un modelo aplicado en Nueva York y otras ciudades europeas e implantado desde hace años en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga o Ibiza, entre otras.El nuevo Centro Integral de Comunicación de Ceuta (Cecoce) controlaría más de un centenar de cámaras de videovigilancia, más de la mitad ya están instaladas en las vías públicas de la ciudad autónoma, según ha explicado el jefe del Centro de Proceso de Datos local, Miguel Barbancho. Cuando se coloquen las que faltan, en las próximas semanas, el servicio permitirá «controlar el tráfico y los incendios, mejorar la seguridad en zonas donde se registran actos delictivos con frecuencia, centralizar el número de emergencias 112 y el de información ciudadana 010 y promocionar turísticamente la ciudad», avanzó Barbancho.
«Operadores blancos». El control de las cámaras se llevará a cabo desde dos salas habilitadas a tal efecto en un edificio polifuncional que estará plenamente operativo «en las próximas semanas». En ellas, agentes de la Policía Local, del Cuerpo de Bomberos y «operadores blancos», sin capacidad de decisión sobre el uso de las cámaras, se encargarán de seguir las imágenes que capten durante las 24 horas del día, a través de 30 monitores.El funcionamiento del Cecoce, que se financia como parte del proyecto «Ceuta Digital», será llevado hoy al Pleno de la Asamblea ceutí por el Grupo Socialista, que entiende que este operativo «parece anticonstitucional» y puede «violar la intimidad de los ciudadanos». «No hay niveles de delincuencia que justifiquen la implantación de este operativo intimidatorio», denunció la secretaria general del PSOE ceutí, María Antonia Palomo, quien ha lamentado que el proyecto «ni se ha debatido en Pleno ni ha pasado por una comisión informativa antes de su puesta en marcha».
«Esto va a parecer Cuba, y no creemos que sea necesario», comparó Palomo, quien cree que «no se puede tener una cámara en cada esquina de la ciudad». El primer partido de la oposición, la Unión Demócrata Ceutí (UDCE), también ha mostrado su preocupación por la «multiplicación» de las cámaras de seguridad en la calle y pedirá en la Junta de Portavoces que el proyecto se paralice «si no queda claro que es compatible con el derecho a la intimidad».
Barbancho ha asegurado que las cámaras siempre estarán controladas por «el único operador autorizado» y siempre «de acuerdo con las leyes que regulan el derecho a la intimidad de las personas». «En ningún caso se podrá, por ejemplo, entrar con ellas en un domicilio privado», ha aclarado el Jefe del servicio, quien añadió que el consejero de Gobernación ceutí, entre otras personas, podrá acceder a las imágenes captadas desde su ordenador.
En Melilla, el Gobierno de Imbroda llevó el pasado día 7 a la Mesa de Contratación un proyecto de la Consejería de Seguridad Ciudadana para encargar la instalación de decenas de cámaras de vigilancia en las calles de la ciudad por medio millón de euros.
La iniciativa, denominada «Sistema de Seguridad Vial e Información del Tráfico», pretende instalar cámaras en los puntos de Melilla donde el tráfico es más conflictivo: la plaza Comandante Benítez, la avenida de la Marina, la calle La Legión o la plaza de la Goleta, entre otros emplazamientos. Las imágenes del circuito cerrado se recibirían en el cuartel de Bomberos.
Los socialistas melillenses también se han opuesto, como sus compañeros ceutíes, al proyecto, ya que lo consideran «demasiado caro en una ciudad con otras necesidades» y cuyas legalidad cuestionan al carecer el expediente del proyecto de «informes jurídicos que lo avalen».
Seguridad o intimidad. La instalación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos de multitud de ciudades españolas y europeas ha reabierto el debate sobre la pugna entre la necesaria mejora de la seguridad en las calles y el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos. La nueva ley antiterrorista francesa de Sarkozy prevé colocar 20.000 cámaras en París; en Londres existe más de un millón; en Madrid, unas 200; en Valencia, 300, y en Tenerife, 85.Los expertos reconocen que la respuesta a esa tensión es difícil de encontrar. En España, la videovigilancia está regulada por la Ley Orgánica 4/1997 sobre la Utilización de Videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Lugares Públicos. Su articulado establece cautelas para evitar los abusos en su utilización. Exige que el delegado del Gobierno autorice a la Policía a colocarlas; limita la conservación de las imágenes a un mes –salvo procesos penales y similares– y establece sanciones para quienes incumplan la norma. En caso de que se grabe una actividad personal, dichas imágenes quedarían sujetas a las limitaciones de la Ley de Protección de Datos.
La Ley 4/1997 exige además que «el principio de proporcionalidad» dirija la utilización de estos sistemas; que la medida cumpla con el objetivo buscado; que sea necesaria y «que no exista otra medida más moderada para ese fin». Asimismo, impone que sea equilibrada, es decir, que los beneficios perseguidos sean mayores que los perjuicios que pueda causar.
Una encuesta de la empresa de seguridad privada ADT realizada en Madrid concluyó que un 70 por ciento de los ciudadanos aceptarían «con relativo agrado» la videovigilancia «siempre que favorezca la seguridad ciudadana». Un 23 por ciento de los encuestados opinaron que las cámaras violaban su privacidad.
Fuente: La Razón
21.11.05Noticias relacionadas:
