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La violencia diezma a las mujeres en Guatemala

Más de 2.000 asesinatos en los últimos seis años aterrorizan el país centroamericano ante el fracaso o la complicidad de la policía

 

La noche del 6 de noviembre un numeroso grupo de policías irrumpió violentamente en Agua Tibia, un cantón muy pobre del municipio de Palencia, a 30 kilómetros de la capital guatemalteca. Entraron sin orden judicial en la casa de la familia Mijangos Hernández -matrimonio y 13 hijos-. Una agente de gatillo fácil vio movimientos sospechosos en una cama y abrió fuego. Entre las sábanas había una niña de cuatro años que murió en el acto. La versión oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguraba que los agentes perseguían a un peligroso grupo de mareros (pandilleros) que trataron de esconderse en el poblado, tras lo cual se produjo un enfrentamiento a tiros.

Nadie creyó la explicación policial y menos la fiscal María Teresa Lima del Cid, con 13 años en el Ministerio Público, que pidió esta semana la detención de los 25 policías. "Alteraron la verdad, no hay duda de ello", ha dicho la fiscal después de visitar el lugar de los hechos y hablar con la familia. De momento, sólo hay cuatro agentes detenidos porque el alto mando policial se niega a entregar al resto. "La policía está totalmente involucrada con el delito", advierte la procuradora. "Mire lo que ha pasado con los responsables de la lucha contra el narcotráfico, que han sido detenidos en EE UU. Es una vergüenza".

El episodio de Agua Tibia es uno más en la espiral de violencia que vive Guatemala y que se ensaña especialmente con las mujeres: una media de 40 homicidios por mes, más de uno al día, en la franja que va de los 15 a los 40 años, tanto en zonas rurales como urbanas. "Vivimos en una situación en la que salimos de casa y no sabemos si regresaremos. Cada día hay 200 asaltos a autobuses. Usted sube al autobús y ya sabe la consigna: si hay un asalto, agache la cabeza, no mire a los asaltantes, entregue su teléfono móvil y el dinero. Si se resiste lo matan, así de simple". En estos términos habla una veterana de la lucha guerrillera, fajada en mil batallas. Alva Estela Maldonado, de 60 años, diputada de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), dedica desde hace un año gran parte de su actividad parlamentaria a la investigación de los asesinatos de mujeres en su país. El primer resultado ha sido el libro Feminicidio en Guatemala. Crímenes contra la humanidad, que se ha presentado esta semana.

Cuando se habla de homicidios de mujeres las miradas suelen dirigirse hacia Ciudad Juárez, en la frontera de México con EE UU, donde se han contabilizado 410 muertes en la última década. El tema ha llenado páginas de periódicos, y ha dado pie a libros y películas con estrellas de Hollywood como Jennifer López y Antonio Banderas. Guatemala, donde las cifras de muertes son más apabullantes -más de 2.000 mujeres asesinadas en seis años- empieza a despertar la atención internacional. Especialmente, después de que las inspectoras especiales sobre temas de género de la ONU, Yakin Ertürk, y de la OEA, Susana Villarán, visitaran Guatemala el año pasado. Las dos jefas de misión pudieron comprobar la situación sobre el terreno en un país de 11,5 millones de habitantes, en plena descomposición social, devastado por 36 años de una guerra civil (1960-1996) que provocó 260.000 desaparecidos.

La organización Amnistía Internacional (AI) ha lanzado una campaña para alertar al mundo de los sufrimientos de las mujeres guatemaltecas y ha elegido dos víctimas, que se han convertido en símbolos de la violencia de género. María Isabel Véliz Franco acababa de cumplir 15 años el 16 de diciembre de 2001, cuando fue secuestrada al salir de la tienda de ropa en la que trabajaba. Dos días después, su cadáver con el rostro desfigurado fue hallado en un terreno baldío de San Cristóbal, en el municipio de Mixco. "Llamé a su mejor amigo para que me acompañara a la morgue", recuerda Rosa Elvira Franco, de 44 años, madre de María Isabel. "La violaron, la estrangularon con una soga y la dejaron tirada con una bolsa de plástico en la cabeza. No entiendo por qué tanta saña. Durante la investigación la policía decía una cosa y la fiscalía otra distinta. La última vez que hablé con la fiscal de Mixco, Iliana Girón, se atrevió a decirme que a mi hija la mataron porque 'era una cualquiera'. Se lavó las manos". Durante estos años Rosa Franco ha investigado por su cuenta y ha llevado el caso ante AI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. "Tengo mi propia documentación porque no se puede confiar en el Ministerio Público ni en la policía", dice. La madre tiene serias sospechas de un individuo que decía ser el mejor amigo de su hija. Lo denunció con nombre y apellido, Gustavo Bolaños, pero hasta la fecha la policía no ha detenido a nadie.

El otro caso escogido por Amnistía Internacional es el de Nancy Peralta, de 30 años, que fue asaltada el 1 de febrero de 2002 cuando se dirigía a la Universidad de San Carlos, donde trabajaba de secretaria. "Salió temprano de casa como todos los días", cuenta María Elena, su hermana. "Los asesinos la golpearon y le propinaron 48 puñaladas. La encontraron en una colonia cercana a la universidad. Hubo testigos que vieron a personas salir de aquel terreno baldío, pero nadie quiere hablar". Cuando llegaron los investigadores de la policía a la casa de los Peralta lo primero que insinuaron fue que Nancy era prostituta o marera. "Con tal de cerrar los casos y no investigarlos siempre llegan a la misma conclusión: pertenecía al crimen organizado".

María Elena fue invitada hace tres semanas a Washington, donde denunció los casos de Nancy y María Isabel ante líderes republicanos y demócratas del Congreso, entre ellos la senadora Hillary Clinton. "La gente quedó muy impactada. Todo eso ocurre en Guatemala, decían". A su regreso, vehículos sospechosos con los cristales polarizados empezaron a merodear por la casa de María Elena. "Agentes del Ministerio Público se han dedicado a investigar a mi familia en lugar de buscar a los culpables. En algún momento pensamos irnos del país. Pero, ¿por qué? No hemos cometido ningún delito".

¿Qué está pasando en Guatemala? El Gobierno, la Fiscalía y la Policía coinciden en que la mayoría de víctimas tenía vinculaciones con el mundo de la delincuencia -maras, prostitución, distribución de droga- y aseguran que pocas de las mujeres asesinadas eran inocentes. Esta opinión levanta ampollas en las organizaciones de mujeres y de derechos humanos que rechazan la idea de criminalizar a las víctimas. Carla Villagrán, jefa de la Unidad de Estudio y Análisis de la Procuradoría de Derechos Humanos, subraya que "no hay datos objetivos que nos permitan demostrar esta hipótesis y tampoco descartarla del todo".

"No estoy de acuerdo en que la mayoría de víctimas estaban involucradas con actividades delictivas", replica Silvia Gereda, directora de El Periódico. "Mujeres que llevan una vida en orden están expuestas a la violencia, especialmente si viven en zonas marginales. Lo contrario es no aceptar que el tejido social en Guatemala está roto. Detrás de las estadísticas hay una madre, una estudiante...". El diario que dirige Silvia Gereda promovió la campaña "La indiferencia nos está matando", que consistía en publicar una esquela por cada persona fallecida. Como parte de esta campaña, una edición especial publicó una portada llena de cruces con nombres de víctimas Los rostros detrás de las cruces, y varias páginas con fotos de mujeres asesinadas Los rostros de los números.

Un repaso a los expedientes que instruye la fiscal Lima del Cid confirma que la violencia golpea a mujeres de toda condición. Como la pianista de origen checo Dorothy Lydia Barentin, 69 años, concertista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, asesinada brutalmente el pasado 7 de noviembre en su casa. El agresor utilizó un piolet y un cuchillo con los que desfiguró a la víctima. O las dos mujeres policías que contrataron a un sicario para matar a una tercera agente para resolver un desacuerdo económico entre ellas. O el de una joven estrangulada, cuyo cadáver fue encontrado en una bolsa con las orejas seccionadas. En este caso, la fiscal atribuyó el asesinato a las maras con un claro mensaje: chivata.

Giovana Lemus, de la Red de No Violencia, la primera organización que documentó casos de violencia hacia el año 1997, llama la atención sobre la necesidad de cambiar "leyes obsoletas". "Hemos propuesto reformas en el ámbito del Código Penal, que data de 1973 y recoge la cultura autoritaria propia de tiempos de guerra. Por ejemplo, si un violador de una menor se compromete a casarse con la víctima queda eximido de toda pena". Ésta y otras iniciativas chocan en el Parlamento contra un muro infranqueable.

El miedo cierra la boca a los testigos

El temor a las represalias y la falta de medios impiden que se castigue a los culpables de los asesinatos

Una visita a la sede de la Policía Nacional Civil, en un palacio barroco del centro de la capital guatemalteca, ilustra a la perfección las limitaciones del Estado a la hora de combatir la delincuencia. En un despacho del Servicio de Investigación Criminal (SIC) dos inspectores exponen en un largo rosario de lamentos las carencias de la unidad. Un vetusto ordenador apagado y un teléfono al que constantemente acuden policías de otras dependencias son las dos únicas muestras de la tecnología del SIC.

De los 63 agentes, una decena se dedica a la investigación de los homicidios de mujeres. Cada uno se ocupa de unos 40 casos. "No somos suficientes", dice uno de los responsables de la sección, que se niega a revelar su identidad. Pero no sólo es una cuestión de medios humanos sino de recursos técnicos. "Falta equipo científico, no podemos realizar pruebas de ADN y en muchas ocasiones ni siquiera se toman huellas. Aquí sólo utilizamos la investigación de campo a base de entrevistas y análisis balístico". Con estos medios no es extraño, como reconocen los inspectores consultados, que se resuelvan pocos casos.

La queja más generalizada, tanto de policías como de fiscales, es la falta de colaboración de los testigos. "Es muy difícil contar con testigos dispuestos a declarar contra un enemigo que está bien organizado y con una gran capacidad para delinquir como es la mara", apunta la fiscal Lima del Cid. Aunque hayan presenciado un hecho delictivo no se atreven a contar la verdad al ministerio público porque tienen miedo. "Tengo casos en que han matado a los testigos. Muchas veces, no podemos llevar a los sospechosos ante el juez por falta de pruebas, aunque tengamos la certeza de que cometieron un crimen. Tenemos las manos atadas", añade la fiscal.

El miedo a posibles represalias de los asesinos, que suelen merodear por el lugar del crimen, confluye con la desconfianza hacia la policía y el Ministerio Público. En plena entrevista, una señora llama por teléfono para preguntar qué garantías obtendrá si declara sobre un asesinato. Resulta que el novio de su hija fue acribillado en un autobús en presencia de la chica, que reconoció perfectamente al asesino. La mujer teme por su vida y por la de su hija en el caso de que acepten declarar como testigos. Al otro extremo del hilo telefónico, el agente trata de convencer sin gran entusiasmo a su interlocutora de la necesidad de colaborar: "El ministerio público las protegerá". La fiscalía ha puesto en marcha el programa de protección al testigo, que según reconocen todas las fuentes consultadas, ha dado escaso resultado por la falta de recursos. Muy pocas personas se han acogido a la iniciativa. "Los llevan a pensiones, hotelitos de mala muerte, de la zona roja, que es una de las más peligrosas de la capital. Les ponen uno o dos policías", dice Norma Cruz, presidenta de la organización Sobrevivientes, que agrupa a familiares de víctimas y a mujeres que fueron agredidas y salvaron la vida.

Las denuncias que se presentan ante la Policía Nacional suponen el 24% de los delitos. La gente no denuncia porque no confía en las autoridades. Y el Estado ha tirado la toalla. En el plano judicial no se resuelve casi nada. La fiscal Celeste Díaz dibuja un panorama sombrío cuando afirma: "La criminalidad sigue y seguirá aumentando". ¿Cómo ve el futuro? "Con pesimismo, sobre todo si no se aplican políticas socioeconómicas y no sólo anticriminales. La falta de trabajo es un factor muy importante. Son políticas de Estado. Nosotros, el Ministerio Público, llegamos cuando el crimen ya se ha cometido. Pero no lo prevenimos. Las condenas ya no asustan a los delincuentes. Todo lo contrario, son un reto para ellos".

La Fiscalía de Delitos contra la Vida ha abierto hace dos meses dos agencias que se ocupan únicamente de muertes violentas de mujeres. En un futuro próximo se crearán otras dos agencias. "Hacen falta porque en los últimos tiempos las muertes de mujeres han aumentado dramáticamente", admite la fiscal Celeste Díaz, titular de la Agencia 14. Las dos fiscales instruyen unos 140 casos cada una, que heredaron de la Fiscalía de la Mujer. No hay un solo detenido en todas estas causas, cuya investigación lleva meses e incluso años. El Poder Judicial está completamente desbordado. "El número de muertes cotidianas que se producen en este país sobrepasa la capacidad de cualquier institución para investigar a fondo y dar con los culpables", dice Carla Villagrán.

Fuente: El País
20.11.05

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