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Jueves, 6 de octubre de 2005 |
Noticias
Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos LaboralesLos profesionales sanitarios demandan material más seguro
Imagínese un quirófano abarrotado (enfermeras, anestesistas, cirujanos...) con un paciente en una situación crítica.
La celeridad con la que hay que actuar hace que los cortes, heridas y pinchazos fortuitos con jeringuillas y agujas estén a la orden del día. Lo mismo le ocurre al personal de ambulancias. Atender a un individuo en plena calle o hacerse con el control de una persona bajo los efectos del alcohol u otras drogas no permite, a veces, observar la prudencia óptima.
Al cabo de un año, en cualquier centro hospitalario de nuestro país, se producen una media de 14 pinchazos y cortes accidentales. De hecho, y hasta que se instauraron los programas rutinarios de vacunación para la hepatitis B, el 70% del personal sanitario presentaba anticuerpos frente a la enfermedad. Es más, si tomamos una muestra de 100 exposiciones de riesgo declaradas (muchas de ellas no se confiesan por miedo a quedar relegado en el puesto de trabajo o marginado socialmente) tendremos que una de cada 10 acaba en hepatitis C y una de cada 20 en VIH.
Dispositivos para evitar contagios accidentales Muchos pensarán que dichos trabajos implican este peligro, pero quizá no sepan que existen mecanismos para reducirlo hasta en un 70%. Se trata de diferentes dispositivos de bioseguridad (ver gráfico) dotados de mecanismos que ocultan, encapsulan o retraen las agujas o la parte cortante una vez utilizados.
Movilización
El colectivo de enfermería está siendo uno de los más beligerantes a la hora de reclamar la implantación de este material en los centros españoles. Al fin y al cabo, el 46% de los accidentes de este tipo se dan entre sus trabajadores. Máximo González, presidente del Consejo General de Enfermería lleva años luchando por hacer oír la voz de estos profesionales en todos los foros posibles y desde esta institución ha contribuido a promover todo tipo de directivas en materia de prevención del riesgo biológico, una tarea que empieza a dar sus frutos.
«Ya nadie se plantea la existencia de jeringuillas de cristal [que había que esterilizar en agua hirviendo] pero su sustitución por las desechables de plástico supuso una revolución», pone como ejemplo.
Como es fácil de imaginar, una de las trabas con las que se han encontrado los impulsores de este tipo de material ha sido su financiación. Lógicamente, estos dispositivos son más caros que sus homólogos convencionales porque son más sofisticados. Hay que tener en cuenta que, además de esconder la aguja, el método ha de ser seguro y cómodo para el paciente, además de no poder abrirse o romperse y dejar partes punzantes al descubierto.
Dispositivos para evitar contagios accidentales Sin embargo, una experiencia piloto llevada a cabo en el Hospital Son Dureta (Baleares), demuestra que el ahorro a medio y largo plazo es evidente. Cada pinchazo leve implica un gasto de unos 330 euros, incluyendo el seguimiento que necesite el trabajador (pruebas, visitas médicas, bajas laborales...).
Si resulta ser un contagio de hepatitis C o VIH, las cifras se disparan ya que, por ejemplo, la terapia antirretroviral supone al principio un desembolso de más de 600 euros mensuales, sin contar la medicación necesaria para paliar los efectos secundarios y las bajas, ya sean temporales o definitivas.
«Y además no podemos obviar el coste emocional, ya que los trabajadores pasan por una situación angustiosa hasta que se enteran del diagnóstico. Si encima éste es desfavorable tienen que enfrentarse a cuadros depresivos, de ansiedad... que, además de acarrear otro gasto económico, también se cobran una factura en el ámbito sociofamiliar», apostilla Máximo González.
El ahorro
En definitiva, los autores de la experiencia en Son Dureta calcularon que el coste de dotar al centro con el material de bioseguridad necesario supondría unos 474 euros por cama. «Contrastando el precio de la incorporación de los dispositivos de seguridad con los costes post-accidente de los profesionales afectados, la reducción del total resulta, aproximadamente, del 51%», concluyen los miembros del centro balear. Además, hay varias empresas dedicadas a la fabricación de estos dispositivos de forma que, al no haber un monopolio, se pueden conseguir precios muy ajustados para las arcas de los sistemas sanitarios.
Madrid ha sido la Comunidad pionera a la hora de proteger a sus trabajadores sanitarios de los accidentes percutáneos. De hecho, la orden 827/2005, promulgada en mayo de este año por la Consejería de Sanidad y Consumo está considerada como «piedra angular» a la hora de implantar el instrumental de bioseguridad. No obstante, los expertos en este tema se muestran muy optimistas ante lo que consideran un fenómeno imparable.
«Castilla-La Mancha ha tenido una acogida muy favorable y se ha puesto manos a la obra y en Baleares también lo tienen a punto», explica el presidente del Consejo General de Enfermería.
Precedentes jurídicos Aunque lo más efectivo es que haya una normativa al respecto de estos instrumentos, lo cierto es que los que decidan hacer la 'vista gorda' ante su implantación no lo tienen fácil. «Ésta es una lucha por tierra, mar y aire», bromea Máximo González. «Si alguna vez tenemos que recurrir a los tribunales no dudaremos; aunque lo que nos gusta es el diálogo y el entendimiento», añade para explicar su rotunda frase. Y la verdad es que, al revisar los antecedentes que hay en los juzgados españoles, encontramos una grata sorpresa. Hace años, un paciente denunció a la Administración Pública por haberle transfundido sangre infectada con el VIH. Por aquel entonces (1984) no existían las Órdenes Ministeriales que obligaban a que todo donante de sangre se hiciera no sólo un reconocimiento externo, sino una analítica que descartase enfermedades infectocontagiosas. En la sentencia se dice claramente que, incluso así, en aquel tiempo había los suficientes conocimientos científicos para justificar este chequeo previo y que no hacerlo constituía una negligencia. Lo mismo puede pasar con los dispositivos 'bioseguros'. No dar a los profesionales el material adecuado para evitar pinchazos accidentales (y formarles en su uso) es dejarles desprotegidos ante patologías graves. Fuente: El Mundo
01.10.05Noticias relacionadas:
