La
nueva ley antiterrorista francesa prevé el uso generalizado de la
videovigilancia
Las asociaciones de
magistrados consideran que el plan atenta contra las libertades
Implantación
generalizada de la videovigilancia, prolongación de la
detención provisional de los sospechosos, extensión de las escuchas
telefónicas, conservación durante un año de los registros de llamadas y
correos electrónicos, facilidades para el acceso policial a los datos de
los ciudadanos, control de los desplazamientos tanto en el interior como
hacia el exterior y un aumento de las penas. Éstas son las principales
medidas que contiene el proyecto francés de la nueva ley antiterrorista
elaborado por el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, presentado ayer
en el Consejo de Ministros.
El proyecto será debatido en la Asamblea Nacional por el
procedimiento de urgencia para que pueda entrar en vigor antes de
finales de año.
El presidente de la República, Jacques Chirac, defendió el proyecto
de ley que proporcionará "nuevos instrumentos de acción" a
las fuerzas de seguridad, argumentando que existe un riesgo "real" de
que Francia sufra un atentado terrorista de grandes proporciones y hay
que anticiparse a la amenaza y "adaptar en cada momento nuestros
dispositivos". "Debemos permanecer totalmente movilizados", añadió.
Los grupos de defensa de los derechos humanos así como las asociaciones
de jueces, e incluso la Comisión Nacional sobre Informática y las
Libertades (CNIL), fueron muy críticos con el proyecto de ley de Sarkozy.
La CNIL considera que conlleva "graves riesgos de atentar contra las
libertades individuales", y hace una especial mención al control de los
desplazamientos. La Unión Sindical de Magistrados, por su parte,
califica las propuestas de "medidas excesivas de tipo estadounidense o
británico" y recuerda que es necesario "mantenerse dentro del marco de
una sociedad democrática".
Para Sarkozy, sin embargo, ésta es una polémica "estéril, porque el
nuevo marco legal no supone un recorte de los derechos y libertades de
los ciudadanos". Para el ministro del Interior, tras los atentados de
Londres del pasado mes de junio, era preciso "adaptar el dispositivo
jurídico para proteger a los franceses". Según el preámbulo de la ley,
Francia no está a salvo de ataques similares a los de Estados Unidos,
Madrid o Londres.
Basándose en la experiencia de lo sucedido en la capital británica,
donde las cámaras permitieron identificar a los autores de los
atentados, Francia pretende implantar un sistema exhaustivo de
videovigilancia en todos los aeropuertos, estaciones ferroviarias y
transportes públicos en general, así como en las cercanías de lugares de
culto -obviamente, mezquitas- o determinado tipo de comercios.
Seis días de detención
El periodo de detención policial en casos de terrorismo, antes del paso
a disposición judicial, pasa de cuatro a seis días. El proyecto de ley
aumenta considerablemente los poderes discrecionales, sin mandato
judicial, de la policía, que podrá tener acceso a los datos personales
de los pasajeros de las compañías aéreas, marítimas y ferroviarias, así
como los de los abonados de las compañías telefónicas y a todo tipo de
ficheros de la Administración, aunque el acceso a datos privados deberá
ser aprobado por una "personalidad cualificada".
Los servicios policiales podrán también instalar sistemas de
vigilancia fotográfica de vehículos, fotografiar a sus ocupantes y
guardar las imágenes durante ocho días sin tener que pedir un mandato
judicial. La ley Sarkozy también contempla el control de los viajes
a los llamados "países de riesgo", como por ejemplo aquellos que forman
la ruta de los musulmanes europeos que se incorporan a los grupos
insurgentes en Irak. Asimismo, los operadores de telefonía y los
cibercafés deberán conservar los datos de conexión de las comunicaciones
de sus clientes y entregárselos a la policía. El Ejecutivo pretende que
los operadores telefónicos conserven durante un año los datos de las
conexiones, un periodo de tiempo que va en el sentido de la legislación
que está elaborando la UE.
Pese a la sintonía en este asunto, la pugna que mantienen Villepin y
Sarkozy por el liderazgo de la derecha en Francia vivió ayer un nuevo
episodio. El duro ministro del Interior se había pronunciado en favor
del derecho al voto en las elecciones municipales de los inmigrantes
legales, una vieja cuestión que ya figuraba en el programa de François
Mitterrand en 1981. Ayer, el primer ministro Villepin le descalificó
abiertamente en una intervención parlamentaria. Es una opinión
"personal" del ministro del Interior, dijo. Lo realmente "republicano",
añadió el primer ministro, es la posibilidad de acceder a la
nacionalidad francesa y disfrutar de todos los derechos.
Fuente: El País
27.10.05
Noticias relacionadas:
*
Suplemento Temático: Videovigilancia