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Jueves, 8 de septiembre de 2005


Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio

Seguridad Pública y Protección Civil

El gobernador del Banco de España se resiste a ceder al Ministerio del Interior controles sobre vigilancia bancaria

Caurana cree que el reglamento sobre financiación del terrorismo le resta competencia. Considera que crea "duplicarse"

 

La decisión del Ministerio del Interior de obligar a la banca a poner en marcha un órgano de control interno para prevenir operaciones de financiación del terrorismo no cuenta con el respaldo del Banco de España, según fuentes próximas a esta institución

El organismo responsable de la supervisión bancaria no ve con buenos ojos el reglamento de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo que ha elaborado el departamento de José Antonio Alonso, por considerar que le resta competencias y, además, crea «duplicidades» en materia de control de información sobre movimientos sospechosos.

El reglamento, al que ha tenido acceso este periódico, contempla que la Comisión de Vigilancia de Financiación del Terrorismo, adscrita al Ministerio del Interior, sea la encargada de congelar saldos, prohibir la apertura de cuentas en las entidades y, en definitiva, estrangular los flujos financieros de que se nutren las organizaciones terroristas. Así es como lo establece el catálogo de medidas de la ley que aprobó el Partido Popular en 2003, a raíz de los atentados en Estados Unidos.

El Ministerio del Interior ha decidido que los sujetos obligados a contar con un órgano de control interno para prevenir actividades terroristas -bancos, aseguradoras, agencias de valores, joyerías, gestoras de fondos o casinos, si tienen más de 25 empleados- dependan de la Comisión de Vigilancia.

Este organismo podrá ordenar cambios si detecta fallos en el funcionamiento de los sistemas. En caso de incumplimientos, la citada comisión podrá abrir expedientes y será el Ministerio el que tenga la competencia exclusiva para la imposición de sanciones.

La Comisión, según el reglamento, recibirá asistencia técnica del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracción Monetaria -más conocido como Sepblac, dependiente del Banco de España-. Este apoyo también lo tendrá de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la Dirección General de Seguros y de la Seguridad Social.

Hasta ahora, el Sepblac es el único responsable de supervisar la idoneidad de los procedimientos y órganos de control interno de los bancos en materia de blanqueo de capitales y actividades delictivas. Desde 2003, este organismo trabaja para la Comisión de Vigilancia, pero se limita a prestar asistencia.

El Sepblac, según los planes de Interior, será el responsable de relacionarse con las entidades. Sin embargo, el Ministerio que dirige José Antonio Alonso podrá solicitar el apoyo de otros servicios especializados del sector público financiero e, incluso, ordenar a este organismo «la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de los hechos».

Interior ha hecho llegar el texto que ha redactado -y que podría modificarse a petición de las partes- tanto al Banco de España como a los organismos y ministerios afectados. La intención del Gobierno, en cualquier caso, es que el contenido definitivo se apruebe en otoño.

El supervisor bancario, según las mismas fuentes consultadas, quiere que Interior introduzca modificaciones, aunque otras fuentes de este departamento niegan que «vaya a perder atribuciones».Y es que el reglamento sí contempla que este servicio reciba, analice e investigue las comunicaciones sospechosas y gestione la información de los listados de personas o bancos relacionados con actividades terroristas que sean publicados por organismos nacionales o internacionales.

Por otra parte, también está previsto que este servicio intervenga en los procesos de «tramitación del bloqueo de cuentas, saldos y bienes, prohibición de apertura de cuentas y autorización de transacciones con cargo a los mismos».

Fuente: El Mundo
05.09.05

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