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Reino Unido no logra que la UE apoye su dura política antiterrorista tras el 7-J

Holanda y Alemania se oponen a que las compañías tengan que retener un año llamadas, mensajes y e-mails

 

  Londres presionó a sus socios comunitarios para que apoyen nuevas iniciativas contra el terrorismo como la retención de los datos de comunicaciones, pero la medida ha dividido al consejo, donde algunos países han expresado su oposición

Los ministros del Interior de la UE debatieron una propuesta antiterrorista que forzaría a las operadoras a retener información durante al menos un año sobre todas las llamadas telefónicas, mensajes de móvil y correos electrónicos que procesen. El británico Charles Clarke, que preside hasta hoy una cumbre comunitaria en Newcastle, mostró ayer sus esperanzas de que la medida entre en funcionamiento a finales de año, pese a las reticencias de algunos países como Holanda o Alemania. «Es importante que alcancemos un acuerdo lo antes posible porque es una herramienta trascendental en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo», declaró a la entrada de la reunión.

Datos electrónicos. Reino Unido, que ostenta la Presidencia semestral de la Unión Europea, ha colocado esta iniciativa en lo más alto de su lista de prioridades tras los atentados del pasado 7 de julio, en los que murieron 52 personas. En principio, la retención afectaría a todo tipo de comunicaciones, ya sean llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de móvil. Las operadoras almacenarían información sobre el destinatario, la fecha, la hora, la duración y el lugar de estos contactos, pero en ningún caso sobre su contenido. Aunque todavía no se ha precisado cuánto tiempo se conservarían estos registros, lo más probable es que sea un año, una opción que apoya tanto la Presidencia británica como la delegación española.

Sin embargo, la iniciativa se ha topado con las reticencias de países como Holanda, preocupados con los posibles efectos sobre las libertades de los ciudadanos. En la actualidad, cada nación decide sus propias reglas, pero Clarke quiere armonizar la legislación para que las medidas resulten más efectivas. Según él, los socios comunitarios comparten una «total determinación» para alcanzar un acuerdo tras experiencias traumáticas como el 11-M o el 7-J, por lo que espera sellar un acuerdo definitivo el mes que viene, para que la medida entre en vigor lo antes posible, quizás antes de fin de año.

Otro asunto pendiente es quién pagará los ingentes gastos de almacenar billones de registros sobre comunicaciones de todo tipo. Las compañías telefónicas ya han expresado su preocupación por los enormes desembolsos que tendrían que realizar para cumplir esta normativa. Además, si se vieran obligados a registrar las llamadas perdidas, por las que no cobran, podrían perder dinero con cada una de ellas.

La ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries, estimó estos costes en más de 100 millones de euros sólo en su país, por lo que alertó del riesgo de que los consumidores acaben sufragando indirectamente esta medida con aumentos de tarifas.

Así, una posibilidad es que los Gobiernos paguen a las operadoras para que retengan estos datos. Según el ministro del Interior español, José Antonio Alonso, «el coste no puede ser un problema político» porque «no se puede decir que es muy caro retener datos que pueden ser decisivos en la lucha contra el terrorismo». Además, Alonso se mostró partidario de un acuerdo a escala europea, aunque dejó abierta la posibilidad de que cada país legisle por su cuenta si las negociaciones fracasan.

Por otra parte, los ministros debatieron una propuesta británica para «repensar» la actual aplicación judicial de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la deportación de sospechosos si se sospecha que pueden ser torturados en sus países de origen. Es el caso de Abu Qatada, supuesto líder de Al Qaida en Europa, que no ha podido ser expulsado a Jordania por este motivo. Según el titular de Interior del Gobierno de Tnoy Blair, este tipo de precauciones han quedado obsoletas por la creciente amenaza del terrorismo islamista.

Fuente: La Razón
09.09.05

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