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Miércoles, 28 de septiembre de 2005


Seguridad Colectiva y Defensa Nacional

El proyecto de ley de Defensa Nacional pasa al Senado

El primer Pleno tras las vacaciones de verano aprueba también la restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.

 

El primer Pleno de carácter legislativo del Congreso de los Diputados tras las vacaciones de verano aprobó, para su remisión al Senado, el Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional y el de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, a la vez que aprobó una enmienda de totalidad, presentada por el Grupo Socialista, para devolver a la Cámara Alta su proposición de ley para la aplicación del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los centros residenciales.

El Partido Popular, único partido que votó en contra del proyecto de ley de la Defensa Nacional, considera que ésta es una mala ley y que rompe el consenso “que en materia de seguridad y defensa era la norma de conducta una vez que se aprobó nuestra Constitución en el año 1978”, según explicó el portavoz del PP en el debate, López-Amor García, quien anunció que “cuando se den las condiciones” el Grupo Popular hará otra ley de defensa.

Perversión política

Esta ley, agregó el diputado, “nace coja; será breve porque una ley de defensa que se pacta con partidos que se declaran independentistas, que no creen en la integridad de la nación española ni en España, no puede ser más que una perversión de carácter político”. López-Amor criticó que el texto normativo no se haya sometido al dictamen del Consejo de Estado, la falta de unidad de conjunto del texto, y la redacción del artículo 19 del proyecto que “ha sido y es una de las claves del pacto roto con el Gobierno”, dijo el diputado, refiriéndose a la redacción dada a las misiones en el exterior de las fuerzas armadas españolas y a los criterios e instituciones a los que se debe someter la autorización de estas misiones.
Previamente a la intervención del diputado del PP, y al presentar el proyecto a la Cámara, el ministro de Defensa, José Bono, dijo que la vigente ley de 1980, reformada levemente en 1984, había quedado obsoleta, y señaló que comparando la realidad de la España actual con la de 1980, “salta a la vista que la relación de los ciudadanos y de los militares ya no está marcada ni por preocupaciones ni por temores mutuos; han cambiado las realidades y los valores. Hoy nadie escucha ruidos de sables sencillamente porque no hay ruido antidemocrático alguno en nuestros cuarteles”.

Consenso

Ayer, dijo el ministro: “Casi nadie está dispuesto a mantener el viejo aforismo latino de si quieres la paz, prepárate para la guerra, porque somos muchos los que lo hemos sustituido por aquel otro aforismo, más acorde con nuestros días, de Pablo VI: si quieres la paz, trabaja por la justicia”.

Finalizando su intervención, el ministro de Defensa dijo que el Gobierno quiere que la elaboración de esta ley sea ocasión, también, para “el reconocimiento a nuestros militares”, a la vez que agradeció el talante constructivo en la búsqueda del consenso que había presidido el debate en Comisión de todos los Grupos parlamentarios. Sobre el voto negativo del Grupo Popular indicó que a la mayoría de sus votantes les gustaría que apoyasen la ley de Defensa Nacional, y agregó que le parecía obligado recordar de cara a algunos ámbitos que “el sello de la defensa de España, de la defensa del patriotismo, no está guardado en ninguna arca de la alianza y desde luego no está ni en el arca de la alianza del PP ni del Partido Socialista ni de ningún grupo; en todo caso está en el ámbito de este hemiciclo que representa, junto con el Senado, a la soberanía nacional”.

El consejo mayoritario alcanzado en el Parlamento, gira en torno –y éste es uno de los mayores motivos de oposición del PP– a los requisitos que fija el proyecto para la participación de las Fuerzas Armadas en misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o de sus intereses nacionales. Se trata, en palabras de José Bono, de “dos requisitos claros y terminantes: el primero, conformidad con el Derecho Internacional; y el segundo, autorización del Parlamento.

A la conformidad del Derecho Internacional se han de añadir alguna de estas cuatro condiciones: la primera, que haya petición del Gobierno en cuyo territorio habrán de actuar; o que haya una resolución de las Naciones Unidas, tal y como en su Carta viene establecido; o que haya acuerdo de la Unión Europea; o, por último, que exista resolución como la OTAN toma sus resoluciones, por unanimidad, en el Consejo Atlántico”.

El resto de los grupos parlamentarios valoró el trabajo realizado y puso especial énfasis en el consenso alcanzado en torno a que la decisión final para el envío de tropas españoles al exterior tenga que contar con el requisito previo de la autorización del Parlamento.

Fuente: Expansión
20.09.05

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