Seguridad
Industrial y Prevención de Riesgos
Laborales
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El fiscal reclama fuertes
penas de cárcel por dos accidentes laborales
Un operario con
asma murió tras ser obligado a limpiar polvo sin mascarilla
La Fiscalía de Madrid
solicita fuertes penas -entre dos y cinco años de cárcel- por
delitos contra los derechos de los trabajadores e imprudencias
para un teniente del Ejército y para los responsables de una obra de
Mercamadrid. Al militar le imputa la muerte de un empleado civil con
asma, al que obligó a limpiar sin mascarilla una habitación inundada de
polvo. A los seis responsables de una obra de Mercamadrid les atribuye
la invalidez permanente que sufrió un trabajador tras caerse desde una
altura de seis metros. Aún no hay fechas para ambos juicios, pese a que
los hechos ocurrieron en 2002 y 2001, respectivamente.
En la muerte del trabajador asmático, el Juzgado de
Instrucción 30 tiene como imputados al teniente del Ejército José
Antonio P. G., , de 57 años, y al administrador único de la empresa
Elitesa Servicios de Conservación, Rafael Ángel G. G., a la que
pertenecía el trabajador fallecido, Ángel García Álvarez. El fiscal les
imputa a ambos un delito contra los derechos de los trabajadores y un
homicidio imprudente y les pide dos años de cárcel por cada delito
(cuatro, en total).
El fiscal pide que los acusados indemnicen solidariamente con 62.119
euros a la familia de la víctima, y considera a Mapfre y al Estado
responsables subsidiarios para el caso de que éstos no paguen.
Al Estado se le considera responsable subsidiario porque la orden fue
dada por un teniente en el ejercicio de su cargo. Según el fiscal, el
teniente, "en una hora no determinada del 2 de abril de 2002, ordenó" al
operario que limpiase una habitación "inundada de polvo e insectos" que
había en la dependencia militar conocida como Polígono de Experiencias
de Madrid. Le dio la orden, según el fiscal, pese a que sabía que el
trabajador sufría asma.
El operario, con una mascarilla inservible que le había
proporcionado un hermano, sufrió un ataque de asma al empezar su tarea.
Fue trasladado a un hospital y falleció. El fiscal reprocha a los
imputados que no facilitasen al trabajador, como es su obligación, los
útiles necesarios para que pudiera desarrollar su trabajo sin poner en
peligro su vida. Defensa había contratado a la citada empresa para el
mantenimiento de esa instalación.
Sin redes de seguridad
Por otra parte, el fiscal pide cinco años de prisión por un delito
contra los derechos de los trabajadores y por otro de lesiones
imprudentes para cada uno de los seis encargados de una obra que
Construcciones Sacyr subcontrató en 2001 en Mercamadrid. El fiscal les
cree responsables de un accidente, pese a que algunos ni siquiera
estaban en la obra cuando se produjo un grave siniestro.
El fiscal entiende que ellos son los responsables de la falta
de medidas de seguridad de la obra y que ello fue lo que propició
que el trabajador Jesús Hernández Herrero sufriera un accidente que le
dejó en una situación de incapacidad de por vida.
El siniestro se produjo el 24 de octubre de 2001. Explica el fiscal
sobre los imputados: "Aun a sabiendas de que debían adoptar medidas de
seguridad precisas y proveer a los trabajadores de los instrumentos
necesarios para evitar cualquier riesgo para su integridad física en el
desempeño de sus funciones, hicieron caso omiso de sus obligaciones
(...) y en un momento dado, el trabajador se precipitó al vacío desde
una altura de seis metros".
Las heridas y secuelas fueron gravísimas. El fiscal pide que los
responsables del siniestro indemnicen con más de 65 millones de euros a
la víctima, quien necesitará cuidados de por vida.
El teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, está preocupado con las
demoras que sufren los juicios por delito contra los derechos de los
trabajadores. Asegura que los juicios rápidos, que suelen resolver los
asuntos menos complejos, están absorbiendo el trabajo diario de los
jueces y postergando las causas más importantes. Por ello, Martínez
sostiene que es necesario crear jueces y fiscales especializados en
investigar delitos contra los derechos de los trabajadores. Martínez es
el encargado del área laboral de la fiscalía.
Fuente: El País
24.09.05
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