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Jueves, 29 de septiembre de 2005


Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Laborales

El fiscal reclama fuertes penas de cárcel por dos accidentes laborales

Un operario con asma murió tras ser obligado a limpiar polvo sin mascarilla

 

La Fiscalía de Madrid solicita fuertes penas -entre dos y cinco años de cárcel- por delitos contra los derechos de los trabajadores e imprudencias para un teniente del Ejército y para los responsables de una obra de Mercamadrid. Al militar le imputa la muerte de un empleado civil con asma, al que obligó a limpiar sin mascarilla una habitación inundada de polvo. A los seis responsables de una obra de Mercamadrid les atribuye la invalidez permanente que sufrió un trabajador tras caerse desde una altura de seis metros. Aún no hay fechas para ambos juicios, pese a que los hechos ocurrieron en 2002 y 2001, respectivamente.

En la muerte del trabajador asmático, el Juzgado de Instrucción 30 tiene como imputados al teniente del Ejército José Antonio P. G., , de 57 años, y al administrador único de la empresa Elitesa Servicios de Conservación, Rafael Ángel G. G., a la que pertenecía el trabajador fallecido, Ángel García Álvarez. El fiscal les imputa a ambos un delito contra los derechos de los trabajadores y un homicidio imprudente y les pide dos años de cárcel por cada delito (cuatro, en total).

El fiscal pide que los acusados indemnicen solidariamente con 62.119 euros a la familia de la víctima, y considera a Mapfre y al Estado responsables subsidiarios para el caso de que éstos no paguen. Al Estado se le considera responsable subsidiario porque la orden fue dada por un teniente en el ejercicio de su cargo. Según el fiscal, el teniente, "en una hora no determinada del 2 de abril de 2002, ordenó" al operario que limpiase una habitación "inundada de polvo e insectos" que había en la dependencia militar conocida como Polígono de Experiencias de Madrid. Le dio la orden, según el fiscal, pese a que sabía que el trabajador sufría asma.

El operario, con una mascarilla inservible que le había proporcionado un hermano, sufrió un ataque de asma al empezar su tarea. Fue trasladado a un hospital y falleció. El fiscal reprocha a los imputados que no facilitasen al trabajador, como es su obligación, los útiles necesarios para que pudiera desarrollar su trabajo sin poner en peligro su vida. Defensa había contratado a la citada empresa para el mantenimiento de esa instalación.

Sin redes de seguridad

Por otra parte, el fiscal pide cinco años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y por otro de lesiones imprudentes para cada uno de los seis encargados de una obra que Construcciones Sacyr subcontrató en 2001 en Mercamadrid. El fiscal les cree responsables de un accidente, pese a que algunos ni siquiera estaban en la obra cuando se produjo un grave siniestro.

El fiscal entiende que ellos son los responsables de la falta de medidas de seguridad de la obra y que ello fue lo que propició que el trabajador Jesús Hernández Herrero sufriera un accidente que le dejó en una situación de incapacidad de por vida.

El siniestro se produjo el 24 de octubre de 2001. Explica el fiscal sobre los imputados: "Aun a sabiendas de que debían adoptar medidas de seguridad precisas y proveer a los trabajadores de los instrumentos necesarios para evitar cualquier riesgo para su integridad física en el desempeño de sus funciones, hicieron caso omiso de sus obligaciones (...) y en un momento dado, el trabajador se precipitó al vacío desde una altura de seis metros".

Las heridas y secuelas fueron gravísimas. El fiscal pide que los responsables del siniestro indemnicen con más de 65 millones de euros a la víctima, quien necesitará cuidados de por vida.

El teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, está preocupado con las demoras que sufren los juicios por delito contra los derechos de los trabajadores. Asegura que los juicios rápidos, que suelen resolver los asuntos menos complejos, están absorbiendo el trabajo diario de los jueces y postergando las causas más importantes. Por ello, Martínez sostiene que es necesario crear jueces y fiscales especializados en investigar delitos contra los derechos de los trabajadores. Martínez es el encargado del área laboral de la fiscalía.

Fuente: El País
24.09.05

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