Ver Suplemento Temático...


Seguridad Pública y Protección Civil.

 

Revista de Prensa: Noticias

Miércoles, 9 de noviembre de 2016

La Audiencia Nacional investigará al embajador español en Kabul por el atentado en que murieron dos policías

La embajada de España en Kabul: en el barrio de los señores de la guerra y sin apenas protección

 

El embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Ágreda, y su segundo Oriol Solá Pardel serán investigados por la Audiencia Nacional como consecuencia del atentado perpetrado el 11 de diciembre de 2015 contra la embajada española en la capital de Afganistán, en el que murieron los agentes del Cuerpo Nacional de Policía Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín Hernández.

Así lo dictó, este miércoles, el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, en un auto en el que admitió la querella presentada por la viuda de uno de los fallecidos y los siete agentes heridos en el atentado contra ambos diplomáticos y los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores.

Los querellantes denuncian "carencias en materia de seguridad" en la sede de la embajada y acusan a los dos investigados de un presunto delito de homicidio imprudente y siete delitos de homicidio imprudente en grado de tentativa. Es más, solicitaron al juez que declare a sendos ministerios responsables civiles subsidiarios de los hechos.

El juez Pedraz considera que los hechos denunciados tienen "una primera apariencia de infracción penal" y acordó notificar su resolución a la Abogacía del Estado, en nombre de los dos ministerios, para que se personen en defensa de sus intereses. El magistrado solicitó también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incorpore al procedimiento las investigaciones hechas hasta la fecha en relación a este caso.

Los hechos denunciados en la querella advierten de que la embajada y el Ministerio de Asuntos Exteriores ya fueron alertados de las carencias de la sede en materia de seguridad en 2008. Cuatro años después, "aumentaron los informes sobre ausencia de seguridad y riesgo para las vidas de los allí destinados", atendiendo al texto de la querella. La custodia de esta embajada corre a cargo de funcionarios de la Policía desde 2012.

La denuncia sobre la que versará la investigación de la Audiencia Nacional revela que "se trataba de instalaciones deficientes", con "garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera". La denuncia apunta también que sólo en 2011 llegaron 5.000 euros para "cambiar las puertas de madera por latón". No obstante, "el edificio principal seguía sin cumplir el perímetro de seguridad de la calle", según los denunciantes, que recuerda que se encontraba "fuera de la zona de seguridad de Kabul, en un barrio rodeado de casas de militares y señores de la guerra".

Los hechos denunciados inciden en que, "por el contrario, el domicilio del embajador sí se encontraba dentro del perímetro de seguridad". En concreto, en la llamada "zona verde", esto es, donde se encuentran el resto de embajadas con representación en Kabul. En este sentido, los querellantes advirtieron al juez de que "ya el primer embajador español se negó a vivir en la embajada por el peligro que suponía".

La querella objeto de investigación deja constancia de que "a pesar de las recomendaciones y peticiones de dotar de mayor seguridad a la sede diplomática", Pérez de Ágreda "nunca las atendió". Los autores de la querella denuncian "un mutismo absoluto" por parte del embajador ante el ministerio. El día del atentado, el embajador se encontraba de vacaciones y su sustituto fue Solá Pardel.

En cuanto al segundo de Pérez de Ágreda, la denuncia admitida por el juez Pedraz advierte de que "ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio". Y es que, según los denunciantes, Solá Pardel permitía "el trasiego de mercaderes", así como "la entrada de coches, furgonetas y camiones con joyas, alfombras y otros enseres". Es más, alertan de que no avisaba "con tiempo suficiente a los equipos de custodia para la identificación de personas y cosas".

Precisamente, en la mañana del atentado, según los hechos descritos en la querella, no se tomaron medidas de seguridad de manera "extraordinaria", pese al aviso que dieron los servicios secretos franceses del riesgo de atentado.

El juez Pedraz admitió que la viuda y los siete policías heridos se personen en la causa como acusaciones particulares. 

Fuente: El Mundo
02.11.2016

Especial: 11-S. Operación global contra el terrorismo: El análisis de los profesionales

Esta noticia ha sido vista por 211 personas.