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Revista de Prensa: Noticias

Jueves, 15 de junio de 2017

El Gobierno sitúa las instituciones catalanas al nivel de países totalitarios

Un informe basado en 60 indicadores de calidad democrática sitúa a Cataluña en el grupo más bajo de cuatro

 

Oriol Junqueras junto a Carles Puigdemont
Oriol Junqueras junto a Carles Puigdemont

La democracia hace agua en Cataluña, y no precisamente por no poder celebrar un referéndum que se considera ilegal en cualquier lugar del mundo. El déficit democrático que vive hoy en día esta comunidad autónoma se debe a la deriva de los secesionistas, con comportamientos más propios de regímenes totalitarios, según concluye un informe interno de La Moncloa, que examina la situación política en Cataluña y al que ha tenido acceso ABC.

En el informe se hace un análisis minucioso de la calidad democrática en esa comunidad. El indicador de calidad más prestigioso del mundo es el que realiza la unidad de inteligencia de «The Economist», que mide la situación en 167 países y analiza 60 indicadores agrupados en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política y democrática y respeto a las libertades civiles. En función de esos resultados, se clasifica a los países en cuatro grupos: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. En la última medición, de 2015, España fue catalogada como «democracia plena», distinción que recibieron solo 20 de los 167 países analizados. A partir de esos criterios, en La Moncloa se ha elaborado un informe propio sobre Cataluña, y la conclusión es totalmente contraria, al quedar al descubierto la quiebra democrática de las instituciones autonómicas, en manos de los independentistas. Para ello, han evaluado los mismos parámetros.

Respecto al proceso electoral y el pluralismo, la actividad política del Gobierno de la Generalitat se dirige a un único fin: la convocatoria de un referéndum sobre la independencia en Cataluña. En el informe se recuerda que el Tribunal Constitucional ha sentenciado que es ilegal, por vulnerar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y porque la Comunidad no tiene competencias. Se subraya, además, que el referéndum sería contrario a la doctrina de la Comisión Europea.

El Gobierno subraya que existen «indicios de la existencia de irregularidades en la licitación de los contratos adjudicados por la Generalitat de Cataluña en el ámbito del proceso secesionista». La Fiscalía y la Guardia Civil están investigando el posible desvío de fondos en alguno de estos contratos, que ya fueron informados desfavorablemente por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

En el informe se denuncia que «el respeto al pluralismo político en las instituciones catalanas es, por desgracia, bastante deficiente». El 27 de marzo de 2017, una organización vinculada a la CUP, en presencia de una de sus diputadas, protagonizó un ataque a la sede del PP en Barcelona. También se han producido ataques contra las sedes de Ciudadanos en Cataluña. Tanto la Junta Electoral Central como el Tribunal Supremo han declarado que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales vulneró el pluralismo político y el principio de igualdad en la cobertura informativa de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2015. También han sido frecuentes los ataques a las organizaciones civiles contrarias al independentismo, como Sociedad Civil Catalana, tildada de falangista por el consejero de Exteriores, y objeto de actos violentos por parte «de organizaciones vinculadas a ERC y la CUP».

La «trampa final»

Respecto al «funcionamiento del Gobierno», un régimen democrático «requiere de la existencia de un Parlamento que respete el Estado de Derecho y sus propias reglas, lo que no ha sucedido recientemente en el Parlamento de Cataluña». La admisión a trámite por la Mesa de la propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como la constitución de tres ponencias para redactar las leyes de desconexión «se realizaron infringiendo el Reglamento del parlamento y vulnerando los derechos de los demás grupos». A esto se suma la «trampa final», la reforma del Reglamento para reducir al mínimo trámites y plazos y aprobar una ruptura exprés.

Un Gobierno democrático debe contar con contrapesos efectivos, a través de organismos independientes. Pero los independentistas han desoído sistemáticamente los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias, que advirtió de la inconstitucionalidad de las «estructuras de Estado» en los Presupuestos de 2015 y 2017. También el secretario general y el letrado mayor del Parlamento de Cataluña advirtieron de que esas disposiciones estaban afectadas por «un vicio de nulidad». No sirvió para nada.

Es propio de los regímenes poco democráticos la existencia de «poderes paralelos», que intervienen decisivamente en la vida política. Ocurre con la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia. El Gobierno no olvida la «profunda corrupción que ha existido en la Generalitat, sobre todo en el ámbito de CDC». Es significativo que el único apoyo internacional que han obtenido es el de Venezuela.

En cuanto a la participación política, la consulta del 9-N llegó al 30% del censo. En las elecciones autonómicas de 2015, los independentistas lograron el 47,74% de votos. Según las encuestas del CIS catalán, el 40% de los catalanes quieren un Estado independiente. A pesar de que la mayoría no quiere la independencia, el Gobierno autonómico dirige toda su actividad a ella.

La cultura política y democrática, el cuarto de los parámetros, requiere el respeto a la independencia judicial y que los empleados públicos actúen sometidos a la ley. En Cataluña «se ha atentado contra estos principios». Las asociaciones de jueces han denunciado injerencias, así como los Mossos, que protestan por la «desprotección institucional», y han sufrido la presión de la CUP, que también «ha realizado actos violentos contra la Guardia Civil».

Por último, respecto a las libertades civiles, el informe subraya que «Cataluña forma parte de España, un Estado de Derecho en el que se respetan los derechos humanos y las libertades civiles.

No obstante, en algunos ámbitos que dependen de la Generalitat dicho respeto es más limitado». Se refiere a la libertad de información y la vulneración al derecho a la intimidad personal (se han recabado datos fiscales de los catalanes de forma ilegal).

La Agencia de Protección de Datos impuso una sanción a la ANC y Òmnium por «recabar, tratar y ceder datos sobre ideología y creencias» sin consentimiento expreso de los afectados.

 

Fuente: ABC
30.05.2017

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