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Revista de Prensa: Noticias

Viernes, 20 de julio de 2007

Las descargas ilegales por la Red son delito penal

Expertos rebaten a Conde-Pumpido al señalar que hay ánimo de lucro en 'bajarse' obras protegidas

 

La Fiscalía General del Estado emite una circular, la 1/2006, que levanta ampollas entre los defensores de la propiedad intelectual. Según este documento, en las descargas de música y cine por Internet a través de las redes P2P no concurre el ánimo de lucro necesario para perseguir estas conductas por la vía penal.

La postura que adoptó el defensor de la legalidad español de no criminalizar las descargas ilegales fue contestada desde diversos foros. En este tiempo, la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) y Promusicae, entidad que representa a las discográficas españolas, encargaron un informe a Rodrigo Bercovitz, uno de los mayores expertos en propiedad intelectual de España. Y el dictamen es claro en sus conclusiones: el intercambio P2P sí conlleva ánimo de lucro.

Según el informe, al que ha tenido acceso elEconomista, la copia para uso privado -a la que se agarran los piratas para dar visos de legalidad a su actividad- tiene unos límites: que la reproducción sea realizada a partir de obras a las que haya accedido legalmente la persona que hace la copia. Por tanto, no son copias privadas legales aquéllas a las que se accede en la Red sin pagar precio alguno.

El dictamen de Bercovitz subraya que las conductas realizadas por los usuarios de las redes P2P integran el tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual del artículo 270.1 del Código Penal.

Sí hay ánimo de lucro
En este sentido, el informe rechaza la conclusión a la que llegó la Fiscalía relativa a que en estas actividades no existe ánimo de lucro. "No hay ninguna razón dogmático-científica ni jurisprudencial que autorice a interpretar el ánimo de lucro (...) en un sentido distinto al tradicionalmente utilizado por el Tribunal Supremo para los delitos patrimoniales, es decir, como cualquier ventaja, utilidad, rendimiento o beneficio obtenido, o pretendido obtener por el sujeto activo de la conducta típica", señala.

A juicio del estudio, las razones en las que se basa la circular para considerar que el lucro exigido por el 270.1 del Código Penal ha de ser comercial o industrial, "no son consistentes" pues se basan en una norma comunitaria "no vigente" (propuesta de decisión marco del Consejo Europeo) o "bien desconocen abiertamente la literalidad de las normas penales en vigor".

Según Bercovitz, los usuarios de las redes P2P que intercambian obras a través de ellas sin autorización de los titulares, "actúan a escala comercial, en la medida en que dichos actos son realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos". El informe se basa para ello en la Directiva europea 2004/48/CE relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual.

El "principio de intervención mínima" por el que abogaba la Fiscalía en su circular ante estas conductas, tampoco se adecua a legislación, según el dictamen: "Este principio no puede ser sólidamente invocado por los jueces y tribunales para eludir la aplicación del artículo 270.1 del Código Penal".

Pero no sólo el intercambio de archivos por Internet es delito, también el almacenamiento en el disco duro de un ordenador de obras protegidas está tipificado en el artículo 270.2 del Código Penal, siempre que sea sin autorización de los titulares y exista ánimo de lucro.

Una circular que "patina"
El director general de FAP, José Manuel Tourné, indicó a elEconomista que el informe es "excelente porque aclara muchas cosas" y coincide con la opinión de muchos juristas, desde el teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo al profesor Luis Díez Picazo: "que la circular patina bastante en muchos de sus argumentos".

El informe Bercovitz ya ha sido enviado a la Comisión Antipiratería del Gobierno, que a su vez se lo remitirá a la Fiscalía para que corrija los errores técnicos de los que adolece. Hace unos días, FAP dio a conocer una sentencia de un tribunal belga que obligaba a un proveedor de servicios de Internet a adoptar medidas para evitar que los usuarios de la Red descarguen ilegalmente el repertorio musical de Sabam -la sociedad de autores belga- mediante programas P2P.

En España, los datos asustan: en 2006 se descargaron 750 millones de archivos musicales sin autorización y 132 millones de películas.

Fuente: www.eleconomista.es
14.07.07

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