Nueva batalla en la guerra por la descarga de música a través de Internet. La asociación Promusicae y cuatro grandes discográficas (Warner, Universal, Emi y Sony BMG) han presentado una demanda contra el creador del e-mule español, Pablo Soto. Las empresas consideran que sus programas Bubster, Manolito P2P y Piolet sirven "para el intercambio ilegal entre particulares de música protegida" a través de las redes P2P y le reclaman por ello 13 millones de euros.
Agustín Guisasola, presidente de Promusicae, asegura que "Soto desarrolló estas herramientas, descargadas en más de 20 millones de ordenadores en todo el mundo, en contra de la ley y con evidente ánimo de lucro, puesto que se financia a través de publicidad". En su opinión, la cifra que reclaman es muy conservadora, porque se ha estimado que cada usuario se ha descargado de Internet sólo una canción "cuando lo más probable es que hayan sido muchas más".
Primera demanda civil
Esta es la primera demanda que se presenta por lo civil en España contra un fabricante de software y Pablo Soto está convencido de que no saldrá adelante. "Nos defenderemos firmemente contra este intento de las multinacionales discográficas de destruirnos", ha asegurado el presidente y fundador de la empresa MP2P Technologies. "En lugar de abrazar la tecnología, eligen un camino que en última instancia les llevará a su propio final", asegura.
Sus abogados han explicado que Soto desarrolló el software para la distribución de música con licencia copyleft, que permite copiar y distribuir libremente. El objetivo que persiguen las discográficas, según dicen, es reproducir en España el caso Napster, un sitio de intercambio de archivos que triunfó en España a finales de los años noventa y que, en septiembre de 2001, tuvo que pagar a la industria de la música un total de 10 millones de euros para poder seguir funcionando, tras vulnerar sus derechos de autor. No obstante, los defensores de Soto creen que hay una diferencia fundamental entre Napster y su empresa, y es que mientras que la primera controlaba los contenidos, la segunda no. El intercambio se produce entre los usuarios, con lo que Soto no estaría incurriendo en ninguna ilegalidad.