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Seguridad Pública y Protección Civil.

 

Revista de Prensa: Noticias

Miércoles, 27 de septiembre de 2006

Más de 5.000 cámaras vigilan zonas públicas y privadas de Zaragoza

Cada año se instalan en torno a 200 mecanismos de grabación en sucursales bancarias y joyerías.

 

La proliferación de sistemas de filmación amenaza el derecho a la intimidad de las personas.

Muchos zaragozanos se sienten vigilados y no sufren de manía persecutoria. Simplemente, la ciudad está invadida de sistemas de videovigilancia que acechan al ciudadano desde las esquinas de los edificios oficiales, en los grandes centros comerciales y, cada vez más, en las tiendas pequeñas y medianas.

Las cámaras de seguridad viven un boom imparable y en estos momentos ya hay instalados más de 5.000 de estos mecanismos de control. Muchos protegen posibles objetivos terroristas, otros vigilan el tráfico y un importante número de ellos trata de evitar los robos en bancos y joyerías. Solo en este último sector se instalan cada año entre 100 y 200 nuevas cámaras.

"El problema es que existe una sutil línea divisoria entre la búsqueda de la máxima seguridad y el derecho a la intimidad", reconoce un responsable de Tecalsa, una empresa especializada en el montaje y gestión de sistemas de videovigilancia.

La Ley de Utilización de Videocámaras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se aplica a las grabadoras colocadas en cuarteles militares (donde han reducido drásticamente el número de soldados dedicados a labores de vigilancia), instalaciones policiales y centros oficiales. También regula las cámaras de sucursales bancarias, administraciones de lotería y joyerías.


VACÍO LEGAL Pero deja al margen, en medio de un gran vacío legal, los sistemas que se montan en el sector privado, desde supermercados a urbanizaciones, pasando por todo tipo de establecimientos comerciales que quieren defenderse de ladrones e intrusos. "Estos usuarios no necesitan autorización", reconocen en la Delegación del Gobierno en Aragón.

Y es precisamente este sector el que ha experimentado "un mayor incremento de la demanda", en palabras de Óscar Fuster, de la compañía Coviar. "Las cámaras se han abaratado muchísimo, las hay desde 60 euros, y con la llegada de internet aún ofrecen más ventajas y posibilidades", añade.

Los instaladores autorizados se someten a una serie de normas. Por ejemplo, las cámaras han de estar anunciadas en carteles y pegatinas y no pueden colocarse en los aseos ni en lugares desde los que se penetre en domicilios particulares. En el caso de las fachadas, en cambio, las cosas no están claras.

El sector de la videovigilancia padece un grave problema de intrusismo, lo que hace que surjan por doquier cámaras que no se someten a ninguna clase de control.

"Hasta ahora no hemos recibido quejas", indica José Ángel Oliván, responsable de la Unión de Consumidores de Aragón. Sin embargo, su organización tiene constancia de que, "por lo general", se incumple la Ley de Protección de Datos Personales, que obliga a avisar a las personas filmadas de que su imagen estará almacenada en bases de datos durante determinado periodo de tiempo.

"Hay que ver las videocámaras más como una garantía de seguridad que como un ataque a la intimidad", afirma Javier Fernández, delegado del Gobierno en Aragón, para quien estos sistemas realizan "un gran papel disuasorio".

Con todo, cada día es mayor el número de zaragozanos que se sienten abrumados cuando van de compras y saben que cincuenta ojos electrónicos siguen sus pasos por cada planta del centro comercial.


REALIDAD Y FICCIÓN Algunos sospechan que estos espías, cada vez más ocultos, perfeccionados y diminutos, pueden estar invadiendo espacios de su vida personal. "En el sector privado, nadie puede impedir que un instalador no autorizado coloque una cámara en un baño", denuncian en Tecalsa.

No obstante, en la misma empresa advierten contra posibles interpretaciones peliculeras. "En los mecanismos más modernos, el 99% de las grabaciones se borran en cuanto se llena el disco duro", agregan. Además, existen cámaras que ofrecen imágenes en tiempo real, pero no las graban.

Los radares y cámaras para controlar el tráfico también despiertan desconfianza, pero por motivos bien distintos, de orden económico. De hecho, la normativa obliga a que estén provistas de limitadores laterales que les impidan entrar en el interior de las viviendas.

En la actualidad existen en Zaragoza 58 cámaras para la vigilancia del tráfico de vehículos que dependen del Servicio de Movilidad Urbana. La última novedad son unas antenas que simultanean el control del tráfico con el de la seguridad. Otro paso hacia el Gran Hermano.

Fuente: www.elperiodicodearagon.com
25.09.06

Suplemento Temático: Videovigilancia

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