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Viernes, 18 de septiembre de 2009

Más pena de cárcel por agredir a un profesor

La nueva Ley de Autoridad del Profesor propuesta por Esperanza Aguirre implica que el docente tiene presunción de veracidad en el caso de que haya versiones contradictorias

 

Soy profesora de un centro de Primaria. Tengo ansiedad y ganas de llorar. Suelo conectar bien con los padres de mis alumnos, pero hace unos días vino una madre y me dio una bofetada cuando estaba en mi despacho. ¿El motivo? Llamar la atención a su hijo, que se dedica a empujar, insultar y pegar a sus compañeros. El resto de los padres ya se habían quejado de la actitud de este niño, pero sus padres sólo creen la versión falseada de los hechos que su hijo les cuenta…”. Es sólo un ejemplo de los más de 12.000 desahogos que ha escuchado el Defensor del Profesor, un teléfono que recibe las llamadas de profesores en apuros desde noviembre de 2005. Pesadillas como ésta saldrán más caras que los 100 euros de sanción que tuvo que pagar la madre convencida de que su hijo siempre tenía la razón.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado una nueva Ley de Autoridad del Profesor, que concederá a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública", lo que supone que las faltas que se realicen contra ellos tendrán una "consideración más grave" que en la actualidad. Hasta el momento, la agresión a un profesor había sido tipificada como un delito de atentado a un funcionario público, que en caso grave, tendría una pena de prisión de 1 a 3 años. Ahora, al ser reconocidos como autoridad pública, los profesores —al igual que los policías o los jueces— tendrán una protección mayor. Cualquier agresión a los docentes supondrá pena de dos a cuatro años de cárcel, tal y como se recoge en el Código Penal. Otra consecuencia, que diversas asociaciones llevan reivindicando desde hace años, es que los docentes tendrán presunción de veracidad, lo que supone que la versión del profesor tendrá más valor que la de cualquier otro ciudadano, en el caso de que haya relatos contradictorios.

Los sindicatos CCOO, CSI-F, UDE y ANPE expresaron su apoyo a esta nueva ley y recordaron que el reconocimiento de la autoridad del profesorado ha sido "siempre una de sus principales reivindicaciones". Más teniendo en cuenta los últimos datos del Defensor del Profesor, que recoge que el 40% de los profesores llama para denunciar su incapacidad para poner orden en clase; el 17% recibe amenazas de los alumnos; un 3% es agredido por padres y familiares y el 11% se siente desprotegido por parte de la Administración.

Por su parte, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, señaló que estudiará la propuesta de Aguirre para ver si la comunidad tiene la competencia para dotar de autoridad penal a los profesores.

La cuestión de elevar el rango de los docentes ya ha sido abordado en anteriores ocasiones por algunas regiones. Así, comunidades como Valencia, Galicia y Navarra consideran una falta grave la agresión al profesor en el decreto de derechos y deberes. La ley de educación catalana, aprobada el pasado mes de julio, reconoce sólo al director y al cuerpo de inspección como una autoridad pública.

Grafico: La Gaceta

La Fiscalía ya consideraba la autoridad del profesorado
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales. En una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscalías de toda España se aconsejaba a los fiscales considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los médicos y profesores que trabajan en centros dependientes de la Administración pública.

La razón por la que la FGE establece esta diferencia para profesores de centros públicos o privados es que los profesionales de la educación que trabajan como empleados de instituciones privadas relacionadas con la Administración en régimen de concierto no ostentan la condición de funcionarios públicos, puesto que no son designados según las fórmulas previstas legalmente para adquirir esta condición.

En este sentido, se remite al artículo 24.2 del Código Penal que establece que "se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas".

Según la citada circular, únicamente los docentes de centros públicos pueden ser considerados como autoridad pública a efectos penales, de tal manera que las agresiones que sufran en el ejercicio de las funciones públicas que realizan podrán calificarse como un delito de atentado contra la autoridad, castigado con penas de dos a cuatro años de cárcel en el Código Penal.

"Este delito sólo se producirá cuando la acción descrita en el tipo penal esté dirigida contra funcionarios públicos en el ejercicio de actividades que afecten al bien jurídico protegido", explicaba la Fiscalía General del Estado en la circular.

La institución que dirige Cándido Conde-Pumpido enmarca en ese ámbito las agresiones a profesores, ya que dañan la actuación de personas que prestan un servicio de interés general que la Administración pone a disposición de los ciudadanos.

Considera además que las actividades que realizan los profesores de centros públicos en el marco del derecho a la educación reconocido en la Constitución Española "constituyen materias que afectan a los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática, y por tanto, al bien jurídico protegido en el delito de atentado".

En la misma instrucción, la Fiscalía recordaba los requisitos para que la agresión a un profesor o a un médico se califique como un delito de atentado contra la autoridad, entre ellos, que exista acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa -también grave- en el ejercicio de sus funciones.

Fuente: La Gaceta
16/09/09

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