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Seguridad Pública y Protección Civil.

 

Revista de Prensa: Noticias

Jueves, 8 de octubre de 2009

La Ley del Menor no da respuesta a los delitos graves

La Ley del Menor está en el punto de mira de la sociedad, que contempla impotente los numerosos casos de violencia juvenil que no han tenido una respuesta judicial contundente. Los expertos ratifican esa idea: la norma es deficitaria en el tratamiento de los delitos graves

 

La escalada de violencia juvenil de los últimos meses (violaciones, agresiones, disturbios, ataques contra la policía…) tiene en jaque a todos los estamentos políticos, judiciales y policiales. Hace tres semanas el Fiscal General del Estado, durante su discurso de apertura del año judicial, alertaba del aumento de violencia doméstica ejecutada por los adolescentes contra sus padres. El PP propuso que se rebajara la edad penal a los 12 años con el fin de que se endurecieran las medidas contra los menores responsables de estos sucesos, propuesta que no fue aceptada por el Gobierno. Para analizar el impacto de esta propuesta, La Gaceta y El Derecho Editores han organizado una nueva edición de los Desayunos Legales que ha contado con varios expertos.

Foto: Defensor del Menor

Los ponentes coincidieron en afirmar que la discutida Ley del Menor sí está dando resultados. Prueba de ello es que como recordó el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, el 83% de los menores de la región que han sido objeto de medidas judiciales no han vuelto a delinquir. “Es un dato esperanzador que demuestra que la ley funciona bien”, apostilló. No obstante, todos los expertos recalcaron que tiene algunos déficits. En el que más hincapié hicieron fue en la falta de respuesta de la norma ante los delitos graves. “Las medidas que establece la ley no son lo suficientemente amplias para garantizar que un menor que ha cometido un delito de esa gravedad salga totalmente reinsertado”, explicó Canalda. Manuel-Jesús Dolz Lago, fiscal del Tribunal Supremo, considera que el problema está precisamente en que “el sistema de protección no tiene los recursos legales necesarios para poder intervenir a esos menores”.

Para superar estos problemas, ¿convendría rebajar la edad penal del menor? Este fue el extremo que provocó mayor controversia entre los expertos. Concepción Rodríguez González, magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Madrid, fue contundente en su respuesta: “No se debe bajar el límite mínimo de la minoría de edad penal porque es complicado que niños de 7 o 10 años puedan entender lo que es la celebración de un juicio o la imposición de una medida y porque no sólo no va a redundar en nada positivo, sino que va a judicializar ciertas conductas que deben solucionarse en otro ámbito”. En el mismo sentido, se manifestó el psiquiatra y médico forense José Cabrera, que se opuso a la rebaja de la edad penal y cargó contra el legislador, afirmando que éste legisla “a golpe de movilización popular y a golpe de televisión”. Asimismo, opinó que “hoy en día no hay más violencia que en la Edad Media, lo que ocurre es que la que hay se multiplica por un millón en las televisiones”, por ello “no tiene sentido rebajar la edad penal porque haya habido unos cuantos casos multiplicados por mil por los medios de comunicación”, concluyó. En la misma línea, la magistrada sentenció que “bajar la edad penal porque se comentan dos homicidios, es una casuística legislativa ridícula”.

En el lado opuesto de la balanza se situó Julia Clavero del despacho ABA Abogados, que apoya la reducción de la edad penal porque, en su opinión, “la consecuencia de que las conductas de los menores de 14 años queden impunes es que cuando el menor con 12 años haya cometido un suceso más pequeño, se podría haber paliado con una serie de medidas, que sí deberían ser judicializadas por parte de los juzgados de menores”. De la misma opinión es el fiscal del Tribunal Supremo, que recalcó que ni la Convención de Derechos del Niño ni la Constitución prohíben que se establezcan edades mínimas a partir de las cuales pueda actuar el derecho penal. “Hay un mito en decir que si se interviene en edades inferiores a los 14 años se está atentando contra principios constitucionales”, dijo y apostó por rebajar la edad penal a los 12 años, porque “históricamente era así”.

Foto: Belt Ibérica

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, contrario a rebajar la edad penal, explicó que existe una tercera vía para atajar estos problemas sin necesidad de reducir la penalidad del menor: “Para resolver el problema de esos menores que comienzan a delinquir tan jóvenes, nosotros planteamos modificar el artículo 3 de la Ley del Menor, que es el que se refiere a estos menores, y modificar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor para que las medidas de protección del Código Civil que establece la ley para los que comienzan a delinquir por debajo de los 14 años no sean unas medidas voluntarias, sino que sean obligatorias, es decir, planteamos judicializar esas medidas”.

Dolz y Rodríguez, de la misma opinión, también propusieron la obligatoriedad de esas medidas. “Deberían establecerse unos plazos mínimos obligatorios superiores a los actuales que incluyeran la franja de edad de 14 y 15 años, que actualmente sólo tienen delitos más graves, y que también incluyeran la imposición de cumplimiento de como mínimo un año”, recomendó el fiscal del Tribunal Supremo. En contra de este extremo se postuló Clavero debido a que considera que este tipo de derecho debe ser casuístico: “Tenemos que individualizar las penas porque el objetivo final es la reeducación de los menores”.

Continuando con la casuística, todos los ponentes coincidieron en afirmar que al imponer una pena no solamente se debe tener en cuenta la edad biológica, sino también la madurez psicológica, debido a que cada menor requiere un tratamiento diferente. En este sentido, la magistrada pidió que en España, al igual que en otros países europeos, se tenga en cuenta el criterio psicológico, que es “determinante” en este tipo de casos. De la misma manera, Cabrera señaló que cada menor infractor requiere un análisis psicológico, sociológico y jurídico profundo. El escollo de este tratamiento personalizado que todos los expertos respaldaron, es, según concluyó la letrada del despacho ABA abogados, que “no hay presupuesto para tener a los suficientes profesionales para determinar qué grado de madurez tiene cada menor”.

 

Fuente: La Gaceta
05/10/09

Suplemento Temático: Formación y Seguridad

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