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Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Laborales.

 

Revista de Prensa: Noticias

Viernes, 5 de mayo de 2006

Pedro Martínez, fiscal coordinador del Área de Siniestralidad Laboral de Madrid

"La Comunidad de Madrid debería vetar a las empresas que incumplan la normativa"

 

Ante la "insuficiente plantilla" de inspectores de Trabajo, Pedro Martínez, fiscal coordinador del Área de Siniestralidad Laboral de Madrid, mantiene contactos con el Ayuntamiento de Madrid para que la Policía Municipal se implique en la vigilancia y control de la seguridad en las obras de la ciudad. Martínez está "muy preocupado" con los grandes retrasos que sufren las causas laborales en los juzgados.

Foto: El País

Según Martínez, quien además es teniente fiscal de Madrid, las reformas legales (juicios rápidos) encaminadas a combatir la pequeña delincuencia absorben buena parte del trabajo de los jueces y relegan la investigación de las causas más complejas, por ejemplo, la de siniestralidad laboral.

Asegura que los juzgados de la región tramitaron el año pasado 243 atestados por infracciones laborales, "un 20% más que en 2004" y apuesta por acabar con "la sensación de impunidad" que anida en muchos empresarios irrespetuosos con la normativa laboral.

En lo que va de 2006, se han registrado 59 muertes en Madrid por accidentes de trabajo, sin contar aquellos ocurridos en el camino hacia el trabajo. En Madrid se produce un fallecimiento cada tres días y varios cientos de infracciones leves diarias. El fiscal explica: "Es preciso tomarse de una vez para siempre en serio el mundo del trabajo, velar por la salud y bienestar de los trabajadores es una obligación de toda la Comunidad y eso implica la necesidad de destinar más recursos económicos al tema".

Pregunta. La Asamblea de Madrid acaba de dar luz verde a una proposición de ley para crear un fiscal especializado en siniestralidad laboral y para dar publicidad a las empresas infractoras. ¿Qué opina?

Respuesta. Esa figura ya existe desde junio de 2000. Ahora se trata de mejorarla y de diseñar algo capaz de acabar con la idea de impunidad que existe en este ámbito. El empresario debe asumir que le es rentable invertir en seguridad. De lo contrario, se expone a graves sanciones e incluso a la cárcel. Lo de dar publicidad a las empresas infractoras me parece bien, pero habría que ir más allá y tanto la Comunidad como el Ayuntamiento, que son los grandes empresarios de la región, deben dar ejemplo vetando la contratación de estas firmas. De esa forma, generaremos cultura de la prevención.

P. ¿Está controlada la seguridad en las obras de Madrid?

R. Es urgente aumentar la plantilla de inspectores de Trabajo, que es insuficiente. Harían falta medio centenar más. Este año hemos venido trabajando junto a la inspección y el Ayuntamiento de Madrid para elaborar un protocolo de actuación, que esperamos que esté aprobado en primavera. El objetivo es que la Policía Municipal de Madrid asuma responsabilidades en este esta área.

P. ¿En qué consistirá el trabajo de la Policía Municipal?

R. Sería una labor preventiva de vigilancia de la salud y de los riesgos laborales en las obras. También haría funciones de Policía Judicial, velando porque no se modifique el escenario en que el ha ocurrido la infracción hasta que llegue el inspector de Trabajo.

P. El actual secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho (que fue el primer coordinador de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid) prometió, tras llegar a su nuevo cargo, especializar a un grupo del Cuerpo Nacional de Policía en la vigilancia de infracciones laborales.

R. Sí, pero estamos a mitad de legislatura y nada más se ha vuelto a saber del tema, a pesar de que esa promesa levantó grandes expectativas. El objetivo ahora no es restar ni sustituir fuerzas, sino sumar efectivos. Por eso, debemos aprovechar la especial preocupación del Ayuntamiento de Madrid en estos temas y disponer de un cuerpo de Policía Municipal especializado en delitos laborales.

P. ¿Se producen más o menos delitos laborales que antes?

R. Más. Hemos pasado de los 50 expedientes recibidos de la Inspección de Trabajo en 2004, a 65 en 2005. A su vez, las denuncias presentadas por la inspección ascendieron en 2005 a 243, un 20% más que en 2004.

P. Con los juicios rápidos, un robo en un gran almacén tarda en juzgarse dos o tres días y, en cambio, la muerte de un trabajador, años.

R. Las últimas reformas legislativa -por ejemplo, los juicios rápidos, hechos para barrer de la calle la pequeña delincuencia- absorben gran parte de la labor de los jueces y fiscales y generan más retrasos para las causas graves. La justicia está hoy muy focalizada en torno a los juicios rápidos. Y a esto hay que añadir la gran demanda y exigencia de medios que genera la violencia doméstica. Esto, unido al insuficiente número de fiscales y juzgados de instrucción, hace que lo que no se tramita como juicio rápido o no sea violencia domestica, se ralentice su investigación. Y cuando se trata de materias complejas como la siniestralidad laboral, todavía más.

P. ¿Cómo se pueden combatir estos retrasos?

R. Con más juzgados y fiscales. La especialización de los fiscales es muy importante. Ahora, para todo Madrid sólo estoy yo de fiscal especializado que, además, tiene otras tareas. Es deseable que se cree una sección especializada, no sólo en siniestralidad laboral sino también en todo el ámbito de los delitos contra los derechos de los trabajadores, tales como la discriminación laboral, acoso laboral o trafico ilegal de mano de obra, por poner un ejemplo. Harían falta para esa sección seis fiscales, con dedicación exclusiva, que estarían presentes en las causas más significativas, de forma que la fiscalía asuma íntegramente el protagonismo en la investigación y persecución de estos delitos. En esa sección deberían destinarse, como apoyo, un grupo de inspectores de trabajo y agentes de la Policía Judicial.

P. Y la Comunidad de Madrid, ¿qué papel tendría en todo esto?

R. No es descartable su integración en esa sección a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo [IRSST], cuyos funcionarios realizarían su trabajo en el entorno y bajo la dirección del fiscal para incrementar la capacidad de investigación, persecución e impulso procesal.

P. Los sindicatos se personan en todas las causas con algún trabajador fallecido. ¿No es suficiente?

R. Es una iniciativa novedosa que demuestra el elevado grado de sensibilidad sindical ante la gravedad del problema y su intención de atajarlo, pero también evidencia la imposibilidad de la fiscalía para llevar a cabo una eficaz persecución en estos casos y, en definitiva, los escasos recursos públicos que se dedican a la investigación de esta actividad, que no olvidemos también es delictiva, aunque se le llame accidente laboral de forma benévola. Pero es delictivo.

Fuente: El País
01.05.06

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