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Seguridad Pública y Protección Civil.

 

Revista de Prensa: Noticias

Jueves, 22 de abril de 2010

Caza pública al maltratador

Casi 700 mujeres de Castilla-La Mancha han autorizado que se publique la sentencia condenatoria a su agresor.

 

Las organizaciones feministas llevan años pidiendo que se desenmascare a los maltratadores para que sufran el reproche social. Ahora, el Ministerio de Igualdad no lo ve mal, pese a la polémica que acompaña a esta medida. El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, lo planteaba ayer. «Hay que considerar, aunque no sea para aplicar inmediatamente», el hecho de publicar el listado de maltratadores» para que sufran «el rechazo de la sociedad», dijo a Telecinco. Y es que la situación «es dramática y triste», dijo en referencia al aumento del 67% del número de fallecidas en los primeros cuatro meses respecto al año anterior. «Siempre hay una serie de repuntes en la evolución», dijo. Por un lado, achacó el aumento de las   víctimas en Semana Santa a que «los periodos vacacionales pueden precipitar este tipo de conductas violentas y la aparición de casos cercanos entre sí facilitan el gesto de imitación». Acto seguido matizó, durante un acto celebrado ayer en Ciudad Real, que en cualquier caso, «el Ministerio de Igualdad no está trabajando ahora en medidas como ésta, y no es el momento de llevarla a cabo». Su planteamiento de trabajo está centrado ahora en la «concienciación, sensibilización social, protección y asistencia», añadió un portavoz del Ministerio de Bibiana Aído.

Sin embargo, comunidades y ayuntamientos ya han tomado la delantera a Igualdad y han adoptado medidas para que queden al descubierto el nombre y el apellido de los agresores. El pionero fue José Bono en La pionera fue Castilla-La Mancha, que se vio envuelta en una enorme polémica. José Bono fue el primero en aprobar una ley para proteger a las mujeres que sufren violencia de género, la Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas. En su artículo 11 se regula la obligación del Gobierno a remitir a las Cortes regionales un informe sobre la aplicación de sus medidas y al mismo tiempo establece que, obligatoriamente, debe contener la reproducción de las sentencias firmes condenatorias sobre la violencia de género. Eso sí, siempre que se cuente con el consentimiento de la víctima o, cuando ésta no pudiera presentarlo, con el consentimiento de sus familiares. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha cree que «esta medida influye de forma positiva como medida de prevención general, ya que la probabilidad de que los agresores no quieran verse expuestos en sus círculos sociales de trabajo, vecindad u ocio puede frenar la comisión de las conductas criminales de violencia de género». Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, los sujetos que cometen este tipo de delitos son personas con una «buena adaptación social».

Desde que se aprobó la ley en 2001 hasta el año 2009, han sido 688 las mujeres que han dado su autorización (en caso de fallecimiento, sus personas allegadas) para la publicación de las sentencias en esta autonomía.


En la web municipal

Castilla-La Mancha fue la primera (después de que la Agencia de Protección de Datos archivara las actuaciones abiertas contra el Gobierno regional), y después han seguido su estela otras comunidades autónomas, como Cantabria, y ayuntamientos de algunos puntos de España. Es el caso del de Barakaldo, que ha publicado los fallos condenatorios en su web municipal, o el de Plasencia.

No obstante, medidas como ésta siempre han estado en entredicho por algunos representantes del mundo de la judicatura. El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, tacha de «curiosas» iniciativas como la que ahora se plantea el Ministerio de Igualdad, aunque sea a largo plazo. «Afecta al derecho a la intimidad de las personas, máxime en un momento en el que se está potenciando a través de la publicación de leyes el ámbito personal». A su juicio, «este tipo de iniciativas resultan claramente populistas pero no se  compaginan con la legislación vigente, sobre todo porque en el ámbito penal los antecedentes penales de una persona siempre son cancelables». Es decir, «contravienen la legislación y la intimidad de las personas y supone una doble pena que no es compatible con el derecho a la rehabilitación que toda persona tiene, por repugnante que sea su delito».

José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional, opina que la solución a los malos tratos debería acometerse «por otras vías». Si no, «es un escarmiento público, porque se está utilizando una pena que no está prevista».


A FAVOR

Yolanda Besteiro Presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas
Hacer público el nombre de los maltratadores puede ser una medida preventiva a la vista de los altos porcentajes de reincidencia y las pocas posibilidades de reinserción. El problema de los maltratadores es que tienen un «disco duro» en el que va implícita su forma de ser: se consideran superiores a sus parejas, creen que son de su propiedad y por eso se consideran legitimados para maltratarlas. Cambian de pareja, pero no de actitud. En muchísimos casos sería necesario arbitrar alguna medida para que pueda conocerse que esa persona ha sido condenada por maltrato. Sobre todo para que lo sepan sus nuevas parejas, porque los maltratadores tienen un alto índice de reincidencia. Es necesario visibilizar la violencia de género para que el agresor sienta el reproche de la sociedad española.


EN CONTRA

Carlos Vidal Prado. Profesor titular de Derecho Constitucional

La publicación indiscriminada de listas de maltratadores va en contra de uno de los fines del Derecho Penal, que es el principio de rehabilitación de la persona, el de la reinserción social.
Puede sonsiderarse una  forma de venganza social, que dificultaría la reinserción y  añadiría una pena a la dictada por el juez. Hasta el delincuente más abyecto puede borrar sus antecedentes penales, que figuran en el fichero de penados y rebeldes, una vez cumplida su condena, para poder reintegrarse. La medida no parece jurídicamente admisible, y está por ver si sociológicamente es oportuna. La Ley de Protección de Datos establece que los datos personales sobre infracciones penales sólo podrán ser incluidos en ficheros públicos y sólo en los supuestos previstos.


ANÁLISIS

Sólo una de cada siete víctimas había denunciado

- ¿Por qué es urgente adoptar más medidas contra el maltrato?

–Porque en lo que llevamos de 2010, la cifra de muertas por violencia de género ha aumentado un 67%. Hasta el 12 de abril, 20 mujeres habían muerto a manos de sus parejas o ex parejas, frente a 12 en el mismo periodo del año anterior. A fecha de hoy, ya son 21 las mujeres fallecidas.

- ¿Se han propuesto iniciativas como ésta en otros campos?

–Sí, pero no han salido adelante. Se propuso hace un año para los pederastas. Un registro público de personas con delitos contra la infancia, como el que tienen algunos países anglosajones. Finalmente la iniciativa salió adelante en 2009, pero los listados serán de uso exclusivo para personal de justicia y pretende evitar otro «caso Mari Luz».

- ¿Ha habido intentos fallidos en otros campos?

–Tráfico también inició una campaña para hacer públicos los datos de infractores graves, aunque no tuvieran sentencia, aunque fue muy criticado y la agencia de Protección de Datos acabó en dos días con la intentona. Asimismo, se trató de crear un registro de médicos que hubieran cometido negligencias que no llegó a fructificar.

- ¿Servirá de algo el registro de maltratadores si sale adelante?

–El problema parece que es que las mujeres no denuncian a sus agresores. Sólo tres de las 21 asesinadas (una de cada siete) en lo que llevamos en 2010 lo habían hecho ante la Policía y tenían una orden de protección. El caso es que si no se denuncia, es más si no hay sentencia firme, estos maltratadores no entrarían en el registro que se plantea ahora.

 

Fuente: La Razón
17/04/10

Suplemento Temático: Mujer y Seguridad

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